"No están a la altura de los cambios necesarios"

Nuestra calificación internacional, aún mejorada hoy, nos coloca a la par de los países más pobres de América latina. La apertura económica continúa siendo hacia adentro en lugar de ser de doble mano, equilibrada, compatible con el proceder de las demás potencias y adecuada a nuestros intereses. El sistema impositivo es perverso: recauda la Nación y reparte discrecionalmente. El sector político no está a la altura de los cambios que deben producirse para que podamos entrar en un círculo virtuoso: la transformación requiere pisar algunos callos y esto nadie lo admite, no conviene o no interesa. Es preferible durar, es más fácil administrar la miseria que el crecimiento.
El tema de tapa de los diarios es hoy que algunos de los sectores gremiales obreros presionan para que se logre una mejor distribución del ingreso. La primera reflexión que nos cabe: en un país donde el Poder Legislativo no existe y los decretos de necesidad y urgencia son un hábito, ¿por qué el Poder Ejecutivo no toma la decisión de elevar el salario mínimo a 4.000 o 5.000 pesos y dejamos así de discutir por la línea de pobreza?
Analicemos qué componentes tiene un salario, cuál es su destino y cuál el resultado final. Para simplificar el cálculo tomemos como ejemplo un inofensivo
$ 100 surgido de un simple decreto de «necesidad y urgencia» dictado ante la pretensión de actualizar el ingreso mínimo, monto que no tiene en principio ningún costo adicional.
El paso siguiente es su traslado al básico agregándose el componente de las cargas laborales, que si bien incrementan costos impide la disminución del salario de bolsillo. A continuación surge la insoslayable discusión de su traslado a la categoría menor y con ello la apertura en las escalas, que ronda en 60%.
A ello se agrega automáticamente su incidencia en todos los adicionales que establecen las convenciones colectivas. Aquellos simples $ 100 se transforman en $ 200 de costo laboral con una mínima actualización del salario de bolsillo y donde la palabra «productividad» no tiene la más mínima inserción. En algún momento la inflación y/o el ajuste cambiario neutralizan esta metodología perversa, cuyo resultado final termina siendo irremediablemente el deterioro del poder adquisitivo del salario.
Pero hay más: el Estado, una de las tres patas en la discusión salarial, se queda con 50% del costo total que afrontan las empresas. Se incluyen en este cálculo las retenciones, aportes e impuestos al consumo. Mientras el salario sea una fuente de recaudación, que para agravar la situación no tiene retorno, la competitividad sistémica del país será sólo una expresión de deseos.
La Argentina, además de contar con una alta presión impositiva en el consumo, mantiene la aplicación de impuestos totalmente distorsivos y es el único país que a su necesidad de exportar contrapone la inseguridad jurídica, la incertidumbre en el tipo de cambio, la eliminación de incentivos y el impuesto a las exportaciones.
(*) Presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela.