Santa Cruz - Contrareloj, el gobierno de Cristina de Kirchner y el mandatario Daniel Peralta apuraban anoche un principio de acuerdo con los trabajadores petroleros, que mantenían paralizada la actividad desde hace más de un mes. En este contexto, fuentes oficiales confirmaron que, pasadas las 22, el ministro Carlos Tomada y los partes intentaban delinear un principio de acuerdo, por lo que no se descartaba que la medida de fuerza se levantara esta madrugada. La grave revuelta petrolera en la provincia natal de Néstor Kirchner, cumplió 33 días -con la toma de tres plantas y piquetes en rutas- y que complicó la situación energética en el país. Precisamente por ese impacto, en plena ola de frío polar, a última hora de ayer el Ministerio de Trabajo nacional se ofreció como virtual garante de la concreción de promesas ofertadas previamente por las operadoras, que en un primer momento fueron rechazadas por las bases en Santa Cruz y que luego habrían sido mejoradas. La pretensión era al menos destrabar las tareas en los yacimientos de Río Gallegos para comenzar a normalizar la producción del gas. Por la tarde, y como en la crisis por las retenciones agrarias, también las bases habían forzado desde los yacimientos a los dirigentes sindicales anclados en Buenos Aires a mantener la rebelión. Durante el día en tres asambleas concretadas en Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, los trabajadores rechazaron una contrapropuesta de los empresarios con una suerte de tregua de 60 días (con levantamiento de medidas de fuerza), que había tomado ya la forma de un acta redactada ayer mismo por el Ministerio de Trabajo de la Nación, con un primer guiño previo de los enviados del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz. Dada la escalada de tensión en la provincia por este grave conflicto -que genera pérdidas por entre u$s 300 y u$s 400 millones a las operadoras, y de casi $ 40 millones al gobierno de Peralta por regalías no cobradas-, comenzó a mediar ayer en la sede laboral la Iglesia santacruceña, de la mano del padre Juan Carlos Molina, de Cañadón Seco. Se trata del cura que ya cumplió ese rol en la otra grave rebelión petrolera que mostró la historia reciente de Santa Cruz: la de febrero de 2006, iniciada por un sector disidente del gremio y que derivó en el asesinato del policía Jorge Sayago frente a la comisaría de Las Heras y, un mes después, en la renuncia del gobernador Sergio Acevedo. La primera oferta de ayer contemplaba, según fuentes gremiales, la definición de una suerte de tregua de 60 días desde el próximo domingo para avanzar en la negociación de la letra chica del aumento (no figuró porcentaje en el acta), además del pago de salarios caídos (igual que abril) y la promesa de que no habrá sanciones y que serán reincorporados los trabajadores cesanteados de Sipetrol. Sin embargo, desde Santa Cruz emanó inicialmente otro mandato, con el reclamo de que las empresas otorguen un pago «a cuenta de futuros aumentos» de 15% mientras se negocia el porcentaje definitivo de suba, que podría ser incluso superior a 19,5%. Anoche, desde el sindicato santacruceño que conduce el reelecto Héctor «Chaco» Segovia admitían que jugó en contra el creciente malestar de las bases por la perpetuación de la medida «por las demoras de parte de las empresas» y el hecho de que esta semana rubricaron una suba de 19,5% -junto a Cristina de Kirchner- sus pares de Río Negro y Neuquén (gremio que conduce Guillermo Pereyra). «La situación de Santa Cruz es distinta», comenzaron a argumentar ahora desde los pozos petroleros para blandir una exigencia mayor. Del encuentro de ayer participaron enviados del sindicato y representantes empresarios, además del cura Molina -quien ya venía dialogando telefónicamente con Segovia- y del director nacional de Relaciones Laborales, Jorge Schuster.
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