Por deudas nacionales, estalla frente interno en provincias rebeldes

Las millonarias deudas en envíos de fondos con las que la Casa Rosada castiga a tres mandatarios díscolos por su alineamiento con el agro derivaron ya en borrascosas postales fronteras adentro de cada provincia, de la mano de polémicas subas impositivas, recortes en jubilaciones y ajustes en los gastos del Estado que desataron furibundas protestas gremiales y empresariales.
Bien lo saben, aunque con matices, el justicialista Juan Schiaretti (Córdoba), el socialista Hermes Binner (Santa Fe) y el ex radical K Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca), quienes -ante las moras en las remesas federales- se vieron forzados a adoptar nuevas estrategias para oxigenar sus alicaídas arcas, impactadas además por la desaceleración en los envíos de coparticipación y de las recaudaciones locales por el conflicto con el agro.
Tanto Schiaretti como Binner avalaron abiertamente al campo en plena puja por las retenciones móviles, mientras que Brizuela del Moral acumuló puntos en contra al romper su sociedad electoral con el kirchnerismo nacional a principios de año, cansado de sus desplantes tanto dentro como fuera de la provincia. Semanas después, también apoyó al campo.
En esa línea, ese lote de mandatarios cuestionó lo que dejan de recibir sus distritos por las retenciones y planteó la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación.
De ese trío, sólo uno logró elevar oficialmente una queja ante el gobierno nacional por las deudas. Fue Binner, el único que pudo reunirse con el flamante jefe de Gabinete, Sergio Massa.
El catamarqueño -a diferencia del mediterráneo que anoche fue convocado a la Casa Rosada-, no había recibido respuesta de Nación respecto del pedido formal de audiencia con el sucesor de Alberto Fernández.
El desplante desde Balcarce 50 toma la forma de sugestivas demoras en transferencias de recursos para obra pública, asistencia social, refinanciación de deuda y rojo jubilatorio.
Desde tierra cordobesa -donde hablan abiertamente de discriminación- denuncian que sólo en materia previsional les deben cerca de $ 1.600 millones, mientras que los santafesinos se quejan de que esperan $ 1.000 millones y los catamarqueños, alrededor de $ 100 millones.

 Sin margen

Previsiblemente, las urgencias financieras les dejan a los gobernadores un menor margen de maniobra para pilotear los crecientes reclamos salariales durante este segundo semestre.
Veamos las tensas instantáneas -no exentas de violencia- que esos faltantes dibujan ya en los distritos afectados por el destrato K:
c En Córdoba, Schiaretti se vio forzado a impulsar una reforma previsional (con recortes de entre 22% y 27% para jubilaciones superiores a $ 5 mil) y cambios impositivos, que extendieron el cobro de Ingresos Brutos a sectores de la industria y la construcción, hasta ahora exentos.
La primera iniciativa desató virulentas protestas de los gremios -incluso, con incidentes- y una catarata de amparos, mientras que la segunda se ganó el rechazo de un amplio arco empresarial provincial. Ambas, sin embargo, fueron aprobadas por la Legislatura, a fuerza del poderío del oficialismo.
c En Santa Fe, en tanto, Binner también impulsa por estas horas una reforma tributaria, que incluiría la eliminación de exenciones -entre ellas, en Ingresos Brutos- a cerca de 100 multinacionales. Como en el caso de Córdoba, aquí también la intención es incrementar la recaudación, golpeada por la crisis ruralista.
Mientras tanto, el Ejecutivo socialista enfrenta una contienda con los docentes privados, que en pos de una recomposición salarial desplegarán mañana un paro de 24 horas, que duplicarán en extensión la semana próxima. Los maestros públicos, en tanto, amenazan con seguir igual camino.
«Pueden decretar todos los paros que quieran; lo que pasa es que no hay dinero para pagar», advirtió ayer el mandatario, aunque aseguró que no descontará el día a quienes adhieran a las medidas de fuerza.
c En Catamarca, por su parte, Brizuela del Moral ordenó a sus ministros ajustar los gastos con la pretensión de que las deudas en los envíos nacionales no paralicen la obra pública, que hoy en buena parte se sustenta con fondos locales.
En paralelo, el gobernador descartó por el momento el anuncio de un incremento salarial. Desde la otra vereda, los maestros le activarán un paro mañana, mientras que los estatales amenazan con incursionar también en medidas de fuerza.
En rigor, el mapa de protestas gremiales excede la frontera de estas tres provincias. Por caso, médicos y enfermeros de los 77 hospitales públicos bonaerenses iniciaron ayer un paro de 48 horas en reclamo de una mejora salarial. A esta postal se suman los estatales y los docentes (llevaron adelante una huelga el pasado lunes y podrían repetirla la semana entrante, de no haber acuerdo de por medio).
También en este caso, forzado por urgencias financieras potenciadas por la crisis del agro, el gobernador Daniel Scioli debió arrancarle a la Legislatura el aval para una reforma impositiva, que incluyó la extensión del cobro de Ingresos Brutos a sectores hasta ahora exentos.
En Mendoza, en tanto, los ruralistas vuelven a hacerse sentir en la provincia, aunque en este caso de la mano de un rechazo al flamante acuerdo hídrico que sellaron el pasado jueves el gobernador cuyano Celso Jaque y su par pampeano, Oscar Jorge, en torno al manejo del río Atuel.
Ayer, productores de General Alvear desplegaron un tractorazo contra el entendimiento que, denuncian, los perjudica.
Ante este escenario, Jaque salió a defender el acuerdo que le obsequió ese día a la Presidente, en oportunidad de su desembarco en tierra mendocina.
Sin embargo, aclaró que no quiere «polemizar» y pidió que el tema «se discuta con seriedad» en la Legislatura. «Lo peor que podemos hacer es perder la posibilidad de crecer», advirtió.