Según explicó el funcionario mediterráneo, el impuesto a eliminar sería reemplazado por una «tasa de servicios» para financiar caminos y escuelas rurales, la cual no dependería de la valuación de la tierra, sino de la productividad y de las características de cada región, entre otras variables. «La idea inicial es ésa; tendremos que trabajar juntamente con los productores para definir cómo podemos articular este cambio», señaló De la Sota. «Hay tipos que piensan que las personas del campo son oligarcas que se van con la vaca a París y no se dan cuenta de que nuestros ganaderos, productores, trabajan de lunes a lunes, los 365 días», agregó en su discurso para ganarse el aplauso de los ruralistas cordobeses en la fría tarde del sábado. Como era de esperar, desde el campo se mostraron muy a gusto con el anuncio. Ricardo Osella, presidente de Confederaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), manifestó que la medida le parecía «muy interesante» y que «sin que necesariamente sea más barato, será más efectivo». Para el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet, el sistema planteado es «más directo, específico y beneficiará a los productores y a la provincia». A su vez, Julio Echenique, titular de la Sociedad Rural de Río Cuarto, calificó como interesante que se comience a calcular el valor fiscal de los campos con un mecanismo que «evite los juries», un sistema que -aseguró- perjudica a los productores. Por su parte, una voz opuesta fue la del intendente de Córdoba, Luis Juez, opositor que se encuentra disputando con Schiaretti por supuestas irregularidades en la elección del pasado domingo 2 que, según el escrutinio provisorio, da ganador a Schiaretti. «El problema no son los impuestos; la gente de campo hoy no puede sacar su cosecha porque no tiene caminos y ésa es una responsabilidad del Estado», señaló el polémico dirigente, que calificó al anuncio de De la Sota como «otra medida demagógica intolerable». Cambios De concretarse, la promesa hecha por De la Sota implicará una modificación del Código Tributario de Córdoba -que ingresa junto con el Presupuesto, antes del 15 de noviembre- para cambiar el Impuesto Inmobiliario Rural a tasa y eliminar el cobro del Fondo de Infraestructura Vial, destinado al mejoramiento de la tierra. En Córdoba existen 204.185 propiedades rurales que tributan el Impuesto Inmobiliario Rural, y en 2006, la recaudación por el Inmobiliario Rural sumó $ 73,9 millones. A esta cifra hay que sumarle otros $ 70 millones que aportan los propietarios a través del Fondo Infraestructura Vial (FIV), recaudado mediante el Impuesto Inmobiliario Rural, según indicó ayer el diario «La Mañana». Al igual que el resto de las cargas impositivas provinciales, el rural fue beneficiado con la rebaja de 30% implementada por De la Sota en 1999. Desde entonces, los inmuebles rurales (y también los urbanos) no se revaluaron a precios de mercado.
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