Las demandas impulsadas por el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires fueron presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde, además de otros expedientes que involucran a la Argentina, se tramitó en enero una causa similar contra Entre Ríos, que también atravesaba un proceso de reestructuración de deuda, por u$s 500 millones.
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Con idéntica estrategia a la que ahora apela el gobierno de Axel Kicillof, la administración de Gustavo Bordet continuó entonces las conflictivas negociaciones con los acreedores más allá del movimiento en los tribunales norteamericanos y logró, casi un mes después, un acuerdo para reestructurar la deuda. El entendimiento derivó en un compromiso para retirar la demanda ante la Justicia neoyorkina.
En el caso bonaerense, los expedientes firmados por el estudio White & Case que representa a los acreedores subrayan que se llegó a esa instancia debido al “continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital bajo cada una de estas series de Bonos”.
De todas formas, los miembros del Grupo señalaron que “siguen abiertos a considerar propuestas que reflejen fielmente la realidad de la situación financiera y económica de la provincia” y que continuarán con “los procedimientos legales que han iniciado hoy y se reservan en su totalidad sus derechos a ejercer cualquier otra acción o recurso adicional en cualquier momento”.
Además de Entre Ríos, hasta el momento otras 7 provincias lograron refinanciar sus deudas: Mendoza (u$s590 millones), Neuquén (u$s694 millones), Río Negro (u$s300 millones), Córdoba (u$s1.685 millones), Salta (u$s383 millones), Jujuy (u$s 210 millones)y Chubut (u$s650 millones).
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