Tras el rechazo del proyecto oficial de retenciones móviles a las exportaciones de granos, las provincias buscan reacomodar los números y las finanzas públicas, sacudidas fuertemente por la caída de la recaudación, la retracción de la economía y la disminución en el envío de los fondos nacionales. «Esta crisis ha desarticulado todos los presupuestos y nosotros necesitamos frenar la inflación, pararla en un nivel aceptable y por lo tanto hay que reacomodar todos los números», sostuvo el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, intentando justificar la decisión de que el impuesto a los Ingresos Brutos alcance a sectores como la construcción, el campo y la industria. Se trata del mismo mecanismo anunciado por los gobernadores de Buenos Aires y de Córdoba. «Lo hemos hablado con Daniel Scioli y Juan Schiaretti, y ellos han avanzado en este tema. El hecho de que aporten más los que más producen y tienen, creo que fortifica la posibilidad de tener una mayor equidad social», enfatizó Binner, al tiempo que aseveró que «la idea es tratar todos estos temas en una mesa de diálogo». Al respecto, explicó que «la idea es recuperar un nuevo equilibrio en la provincia de Santa Fe». «Por un lado, está el incremento que plantean los sectores de los trabajadores, los empleados, y por otro, todas las obras públicas que se han licitado, que cuando abrimos los sobres las ofertas están cotizando 20 o 30 por ciento encima del valor oficial», aseguró el mandatario santafesino.
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En tanto, el gobernador socialista volvió a diferenciarse del oficialismo y difundió -tal como lo había anticipado este diario- un paquete de medidas para resolver la crisis agropecuaria, mientras que desde la Casa Rosada estudian una reforma a la ley de granos para aumentar el control fiscal sobre las exportadoras. Binner difundió una solicitada para informar su diseño de un plan agropecuario y, de paso, para reclamar más coparticipación en términos tributarios. La administración santafesina confeccionó un programa con diez puntos básicos para el abordaje de una «política integral» para el sector rural. Entre sus propuestas contempla la convocatoria a un Consejo Federal Agropecuario que defina las políticas sectoriales, un sistema de retenciones fijas que se revise cada seis meses, con compensaciones a las provincias, y posteriormente, reemplazar las retenciones por impuestos coparticipables. En esa misma línea, el gobierno de Buenos Aires anunciará esta semana una línea de créditos a baja tasa para pequeños productores, iniciando de este modo una nueva etapa en la relación con las entidades rurales. Y, finalmente, el gobernador de Entre Río, Sergio Urribarri, convocará en los próximos días a los referentes locales del campo para analizar la confección de un plan agropecuario provincial que se adapte a las necesidades puntuales del sector. Una de las tantas consecuencias que generó el voto negativo del vicepresidente Julio Cobos fue la batería de propuestas y proyectos que se suscitaron para encarar la política agropecuaria de cara al Bicentenario.
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