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No sólo las provincias enfrentan un año de apremios financieros: también buena parte de los municipios del interior del país pisan campo minado a la ora de honrar los compromisos mínimos, por lo que ya un pelotón de intendentes de distintas provincias solicitó un salvataje con fondos a los gobernadores para hacer frente, al menos, al pago de salarios. Mientras los flamantes mandatarios provinciales ya iniciaron un desfile por los despachos nacionales tras la asunción de Cristina de Kirchner para aceitar remesas de recursos, anuncios de obras y refinanciación de deudas, una batalla similar -aunque más subterránea, menos vistosa y quizá más infructuosa- libran sus pares comunales ante las gobernaciones locales para salir del rojo que los jaquea. La crisis se profundiza en los casos donde los comicios de 2007 determinaron un cambio de signo político, donde -tras las asunciones de diciembre pasado- los funcionarios entrantes se encontraron en muchos casos con cajas comunales diezmadas y un porvenir crítico. Previsiblemente, el pasado año electoral contribuyó a agravar la tirantez de las cuentas locales, de la mano de millonarios anuncios de campaña que elevaron exponencialmente los compromisos salariales del municipio y acumularon deudas en otros sectores. Como es clásico, las conversaciones entre las gestiones municipal y provincial tienden a empantanarse cuando quien pide la ayuda se encuentra parado en la otra vereda ideológica, desatando amargos reproches desde los ejecutivos municipales.
En el ranking de urgencias de los intendentes se encuentra a la cabeza el pago de salarios, ante la fuerte presión que ya ejercen los gremios municipales en distritos como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Pero el listado sigue con ítems de importancia también clave, como el mantenimiento de los servicios públicos y la necesidad de saldar deudas con proveedores. Para enfrentar este delicado escenario, los funcionarios locales reclaman un ramillete de concesiones, que incluyen el adelanto de recursos pautados, la entrega de fondos no reintegrables y hasta una nueva ley de coparticipación municipal. Veamos algunas postales que pintan el complicado escenario que deberán pilotear los intendentes este año: c En tierras de Córdoba, el gobernador justicialista Juan Schiaretti ya debió asistir a intendentes recién asumidos -con crisis financieras heredadas- con cerca de $ 6 millones, en un balance que sólo incluye a diciembre. Incluso, en el entorno del sucesor de José Manuel de la Sota no descartan impulsar la declaración de una ley de emergencia municipal, para asistir a las comunas más comprometidas. c En Neuquén, en tanto, varios jefes comunales debieron pedir ayuda a la administración de Jorge Sapag (Movimiento Popular Neuquino) para pagar los sueldos y el medio aguinaldo de diciembre. El auxilio provincial llegó de la mano de adelantos de coparticipación y de aportes reintegrables. El paquete incluye a distritos como Piedra del Águila, Rincón de los Sauces, Zapala y San Martín de los Andes. c En Mendoza, por su parte, intendentes opositores a la gestión del justicialista Celso Jaque activaron una embestida en pos de arrancarle al gobernador una lluvia de fondos para sus comunas. En este caso, la pretensión apunta, entre otros objetivos, a engrosar el Fondo de Infraestructura Municipal, para lo cual ya adelantan que pedirán una audiencia con el sucesor del actual vicepresidente de la Nación, el radical K Julio Cobos. «La provincia trabajará en forma conjunta con las comunas», intentó tranquilizar el ministro de Gobierno, Juan Marchena. c La Rioja no es la excepción, ya que los jefes comunales extrañan los convenios de asistencia financiera cerrados con el expulsado gobernador Angel Maza. Hoy, en cambio, soplan vientos de sequía en la gobernación del justicialista Luis Beder Herrera, por lo que ahora le reclaman que se avance con urgencia hacia una ley de coparticipación provincial, como lo exige la Constitución provincial.
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