Sancionaron la nueva Constitución

Entre otras modificaciones, los convencionales habilitaron la reelección de las actuales autoridades -por un período- desde 2007, algo que estaba prohibido por la Constitución que había sido sancionada en 1990 a instancias de Fuerza Republicana.
La Carta Magna tucumana se aprobó por unanimidad con el voto de los 35 convencionales presentes.
En la última sesión se habían retirado los dos convencionales del Partido Obrero, el de la Unión Cívica Radical y uno del ASI (coalición de democristianos y socialistas).
Los 35 convencionales presentes escucharon uno por uno los 170 artículos y se fue votando por capítulos en medio de un clima festivo por parte de los peronistas que cumplieron así su objetivo de reinstalar la reelección en Tucumán.
Por otra parte, los convencionales aprobaron una resolución para que en los próximos 30 días, una vez promulgada y publicada, la Constitución de la provincia sea jurada por los integrantes de los tres poderes.
Los constituyentes establecieron una cláusula transitoria, según la cual, a los efectos de la reelección de las autoridades, el actual período (2003-2007) no será tomado como el primero, sino el que se produjera entre 2007 y 2011. Al modificar el capítulo relacionado con el Poder Ejecutivo, la Convención también estableció que el gobernador y el vice ya no tendrán que jurar por los Santos Evangelios, como establece la Constitución de 1990, sino por las Cartas Magnas nacional y provincial.
Para acceder al cargo que hoy ostenta, el gobernador Alperovich, de religión judía, previamente tuvo que conseguir que la Justicia declarara inconstitucional la cláusula que lo obligaba a jurar por los Evangelios.
En materia legislativa, la Asamblea estableció que la Legislatura pasará de 40 a 49 miembros (19 representarán a la Capital, 12 a la sección Este y 18 al Oeste) y podrán ser reelectos por un período, en las mismas condiciones establecidas para el Poder Ejecutivo.
Asimismo, en consonancia con la Constitución nacional de 1994, el nuevo texto garantizará la autonomía municipal, no obstante, la Legislatura fijará las pautas a las que deberán adecuarse las cartas orgánicas de los municipios.
Los municipios tendrán facultades para participar del flujo de dineros e impuestos provenientes de la coparticipación federal, pero tal situación estará condicionada a la deuda que deban afrontar los respectivos municipios.
En relación con el Poder Judicial se estableció que los jueces serán seleccionados en el futuro a partir de una terna elegida por un Consejo de la Magistratura, aunque una ley posterior determinará la integración y modalidad de funcionamiento del organismo.
Asimismo, los convencionales determinaron que los magistrados serán removidos por un jurado de enjuiciamiento formado por cinco legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, uno de la Corte Suprema de Justicia y uno de los abogados.
La Asamblea Constituyente también dio rango constitucional al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo, que antes dependían para su funcionamiento y estabilidad de una simple ley, que podía ser dejada sin efecto por otra.
El oficialismo quedó sólo en la Asamblea con sus 32 representantes (y sus cuatro aliados de Participación Cívica, escisión radical aliada a Alperovich), porque se retiraron del recinto el radical Juan Robles, José Páez (democristiano) y los dos convencionales del Partido Obrero. Durante la Convención de 1990, en la que dominó el bussismo, había sucedido algo parecido, ya que el justicialismo se retiró antes de que comenzara a sesionar y se quedaron, además de los representantes de Fuerza Republicana, un radical y un ex UCeDé.