Santa Cruz: reforzaron la seguridad en casa de Kirchner

Sorprende la situación si se toma en cuenta que Santa Cruz es la provincia cuya capital es la de menor desempleo del país (1,2% según la última medición del INDEC). Aun así, para los santacruceños los reclamos salariales no son novedad: si bien el salario promedio se ubica por encima de $ 1.100, muy por encima del resto del país, el aumento del costo de vida se transformó en un problema que hace olvidar la «plena ocupación» de Río Gallegos.
A ello se agrega el hecho de que los sueldos de este distrito patagónico están conformados por una extraña ingeniería que los hace endebles, con sumas no remunerativas que ocupan cerca de 60% del total de bolsillo que cobran los empleados del Estado. La normalización de esta situación es, precisamente, además de pedidos de aumento, el principal reclamo de docentes y estatales. La embestida gremial choca con la falta de habilitación de canales de diálogo por parte de la administración de Sancho, vicegobernador que asumió al frente del Ejecutivo hace un año, tras la renuncia de Sergio Acevedo luego de la rebelión petrolera que tuvo lugar en Las Heras. Sin opción de convocar a paritarias por una ley de emergencia que aún rige en la provincia, Sancho -que también se muestra inaccesible para la prensa- tampoco llama a una mesa de diálogo. Hace 15 días otorgó un aumento de 15% a docentes y ayer hizo lo propio con el resto de la administración pública, pero los gremios rebeldes pretenden más y siguen manifestando, ya que no fueron consultados para definir ambas subas de haberes, a las cuales consideran «insignificantes».
Con todo, los docentes mantienen paros de martes a jueves de cada semana y las marchas -a las que ahora se suma el resto de los estatales y judiciales- se han vuelto muy convocantes. «No estamos pidiendo nada nuevo, nuestros reclamos son históricos y la provincia debe cumplirlos», argumentó ayer un millar de docentes de Adosac -gremio que siempre se enfrentó a los Kirchner- que participaron de una nueva movilización por el centro de Río Gallegos.
El número de manifestantes que se reunirá hoy llegaría al menos a 5.000, según los cálculos sindicales, ya que incluirá además a afiliados de ATE -que agrupa a varios sectores de empleados locales-, judiciales y municipales. Incluso se espera participación de ciudadanos comunes disconformes con el gobierno de Sancho.
Será la de hoy una jornada agitada, para la habitual tranquilidad de la capital santacruceña que ya se quebró hace dos semanas. El miércoles pasado fueron unas 4.000 las personas que manifestaron por la capital santacruceña y desde entonces se instaló una custodia de Gendarmería en la casa de la familia Kirchner ubicada en Maipú y 25 de Mayo, pleno centro de la ciudad. También la Casa de Gobierno tiene vigilancia extra, en este caso de la Policía provincial, al igual que la casa de Sancho.
Los gremios tomaron este aumento de la seguridad como un desafío y, además, denuncian ser víctimas de agresiones y de «contramarchas» gestadas desde el Estado. La semana pasada, fue incendiado el automóvil de un representante gremial de Adosac y también se destruyó el frente vidriado de la sede del sindicato docente.
En este clima enrarecido, los gremios están dispuestos a llevar hasta el final sus reclamos. El año electoral ofrece un escenario imposible de ignorar por este tipo de reclamos, especialmente con Alicia Kirchner, la ministra hermana del Presidente, candidateada a la gobernación.
Los docentes exigen un aumento de 30% del salario básico, blanqueo de la masa salarial y apertura de los concursos, que se encuentran cerrados hace 14 años e impiden titularizaciones. También piden la modificación del sistema de presentismo, que hoy representa 40% del sueldo. Desde ATE, en tanto, reclaman, además de aumentos, la derogación de la ley de emergencia que rige en Santa Cruz desde 1991 y tiene en «stand by» los convenios colectivos de trabajo.
En paralelo, hay un grupo de gremios que responde al gobierno santacruceño. Se trata del Frente de Gremios Estatales, que incluye a UPCN, ATSA, Vialidad y APAP, dialoguistas que acordaron la suba de 15% anunciada ayer por Sancho con el ministro de Gobierno, Daniel Varizat, y el secretario de Estado de la Producción, Rodolfo Beroiz.