• RECLAMA LA RESTITUCIÓN DE CERCA DE 50 MIL MILLONES DE PESOS Malestar del Gobierno provincial por exclusión presupuestaria nacional de fondos para saldar compromiso tras el fallo de 2015 del máximo tribunal.
- ¿El Gobierno dio alguna respuesta al plan de pagos que ofrecieron en julio?
- Ninguna.
El diálogo, lacónico, entre este diario y un encumbrado ministro del Gobierno de Santa Fe resume el estado de situación por la deuda -impaga- estimada en $50 mil millones que mantiene el gobierno nacional con la provincia a partir del fallo de la Corte que en 2015 favoreció a ese distrito (y a Córdoba y San Luis) en su demanda por la retención del 15% de los fondos coparticipables que se utilizaban para financiar a la ANSES y AFIP. Ayer, el gobernador socialista Miguel Lifschitz materializó una vez más su enojo con la Casa Rosada por la demora y advirtió que su gobierno podría volver a la Justicia tras comprobar que el proyecto del Presupuesto nacional 2018 no contempla el pago de ese compromiso.
"Esta situación nos deja el camino para volver a la Justicia para reclamar lo que la Corte Suprema ya se ha expedido con claridad. Hay una evidente intencionalidad, más allá de las palabras, más allá de las promesas, más allá del reconocimiento de la deuda por parte de los ministros de (Mauricio) Macri; no hay ninguna intención de afrontar los compromisos", disparó el mandatario en diálogo con una radio rosarina.
"También advertimos con sorpresa -agregó- que en ese presupuesto tampoco hay grandes obras para Santa Fe y si aparecen, aparecen con cifras insignificantes que no garantizan de ninguna manera la ejecución de los proyectos".
La proyección de gastos que el ministro Nicolás Dujovne realizó el viernes en el Congreso dedica apenas un puñado de párrafos al asunto. Sostiene, por ejemplo, que en los últimos dos años, las relaciones financieras con las provincias "se caracterizaron por modificaciones en la asignación de recursos tributarios de origen nacional". Y cita, por caso, "la medida cautelar y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que beneficiaron a las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe; el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las Provincias, que estableció una reducción escalonada de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables destinados a ANSES, ratificado por Ley 27.260; y el aumento en el coeficiente de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires".
Más abajo agrega que "las proyecciones de ejecución presupuestaria de la Administración Pública no Financiera Provincial tienen en cuenta los aspectos previamente mencionados, y prevén que los recursos provinciales totales representen un 17,2% del PBI al finalizar el ejercicio 2017". Eso, según la estimación, implica un crecimiento cercano al 27,8% que será, en buena parte, impulsado por la mayor recaudación impositiva.
La discusión por el reparto de fondos entre la Nación y las provincias marcará en los próximos meses un punto de inflexión decisivo en la relación política del gobierno de Mauricio Macri con los gobernadores. La letra del proyecto del Presupuesto en su apartado subnacional va en ese sentido. Con un margen de maniobra muy estrecho, el Gobierno también ratifica allí su deliberada vocación por la prédica de la austeridad en el gasto público de los distritos. Un argumento que ayer sobrevoló ligeramente la primera cumbre entre ministros provinciales y funcionarios nacionales tras la llegada al Congreso del plan de gasto 2018, en este caso por la discusión de los fondos previsionales (ver nota en página 16).
El reclamo de Santa Fe por la deuda por coparticipación tuvo en julio pasado un último capítulo de corte, si se quiere, más político. A días de las PASO Lifschitz, rodeado por sus ministros y por las principales espadas partidarias del Frente Progresista Cívico y Social, plasmó en lo que llamó una "propuesta técnica" un plan de devolución, en 24 cuotas, de $15.000 millones aplicando la tasa Badlar sobre el saldo, con vencimiento de la primera cuota en enero de 2018; y la emisión y entrega de títulos públicos nacionales por el saldo restante ($34.840 millones) en especies con alto volumen de circulación en el mercado internacional.
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