Se profundiza crisis social en Santa Cruz

El planteo del «cacerolazo» de anoche -sumó también un nuevo escrache contra la casa de Sancho- apuntó a exigirle al Presidente un paquete de reclamos que incluyó subas salariales y democratización de las relaciones laborales.
En este delicado marco, hoy arrancará un nuevo paro de los maestros, que esta vez buscará vaciar las aulas toda la semana. La huelga se activa tras el inédito y masivo cacerolazo que sacudió a Río Gallegos la noche del sábado, como consecuencia de un insólito desmanejo oficial del conflicto docente (ver aparte) que dejó en claro que el gobierno de Carlos Sancho no está dispuesto a negociar con los gremios.
La protesta fue protagonizada por más de 4 mil personas -con la consigna de «que se vayan todos»-, que no cuenta con antecedentes en la ciudad, ni siquiera en las críticas noches de diciembre de 2001.
A la medianoche, se concretó un «bocinazo» de 30 minutos. La protesta se extendió a la madrugada con una movilización, que incluyó varios escraches, incluida la residencia del gobernador. Previamente, según trascendió, sufrieron un escrache también los ministros de Gobierno y de Economía, Daniel Varizat y Juan Bontempo, quienes habrían sido «invitados» a abandonar un restaurante y un conservatorio de música.
En este marco, el día clave -no exento del fantasma de incidentes- será el jueves, ya que maestros y estatales marcharán nuevamente por la capital provincial, como telón de fondo del intento de diputados justicialistas que se le rebelaron al Presidente de tratar en la Legislatura un proyecto que pugna por retomar las paritarias en la provincia, suspendidas desde 1991. La anterior sesión derivó en la toma del edificio por los estatales.
La nueva embestida gremial, liderada por los docentes, se cobró el sábado la cabeza de la subsecretaria de Trabajo, Elsa Capuchinelli.
El despido desató además un remolino de versiones sobre un supuesto amago de renuncia de Sancho, como lo hizo hace poco más de un año su antecesor, Sergio Acevedo, jaqueado por los cortocircuitos con Kirchner y por el asesinato del policía Jorge Sayago, en medio de una revuelta de activistas petroleros en Las Heras.
 Desmentida
Sin embargo, este escenario fue desmentido anoche por fuentes del gobierno santacruceño, que denunciaron en cambio -desde un comunicado- la existencia de «situaciones de violencia y atentados contra vehículos, domicilios e intimidaciones en la vía pública a funcionarios y empleados públicos», por lo cual exhortaron «a la población a mantener la paz social». Por caso, en El Calafate, sugestivamente se incendió un galpón que pertenece al secretario privado del Presidente, por lo que resultados dañados siete vehículos, entre ellos uno que -dicen- pertenecería a la Primera Dama.
Ante este tenso escenario, Kirchner dejó trascender en declaraciones periodísticas que «no puede ceder a la exigencia» de los maestros de esa provincia porque «quedarían distorsionados todos los salarios del país». «Un maestro podría pasar a ganar allá entre 4 y 5 mil pesos», enfatizó. Además, aseguró que «muchos docentes están volviendo a dar clases» y no descartó la posibilidad de decretar la emergencia educativa, tal como lo hizo Jorge Sobisch en Neuquén.
En sintonía, ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, denunció que hay «condimentos políticos» en el conflicto. «Es un poco singular que un dirigente que gana 3.000 pesos haga un paro porque no le gusta cómo es liquidado o distribuido ese dinero», castigó, además de enfatizar que «en Neuquén, que tiene un costo (de vida) semejante, les propusieron 1.150» a los maestros. También señaló que «es posible que haya un núcleo en Río Gallegos, gobernada por el radicalismo, que golpee las cacerolas y confunda al resto de los argentinos», y descartó la posibilidad de que en Santa Cruz se ordene un operativo policial similar al de Neuquén, que terminó con la vida del maestro Carlos Fuentealba.
Frente a este delicado terreno, el sábado Sancho rodeó la Casa de Gobierno con rejas, que profundizaron el diagrama de seguridad desplegado por la Policía y de los gendarmes enviados por el ministro Aníbal Fernández.
Ese día, el gremio ADOSAC decidió iniciar hoy un paro de 5 días, en reclamo de una recomposición salarial que engrose el básico, que hoy es el más bajo del país. Al concluir esta semana, el ciclo lectivo habrá perdido ya 23 días de clase.