Se profundiza déficit de jubilación cordobesa

Córdoba - La Caja de Jubilaciones de la provincia cuestionará el cálculo de intereses que días atrás la Justicia provincial dispusiera para actualizar los haberes que deben percibir los jubilados que ganaron los juicios iniciados por la aplicación del Decreto 1.777/95, en 1996.
Si el ente previsional pagara tal como indicó el tribunal cordobés, debería desembolsar 95 millones de pesos a los 1.100 jubilados que iniciaron juicio, según calcula el equipo previsional que el gobierno de Juan Schiaretti armó para estudiar la situación. Aluden desde el espacio del gobernador que esa plata equivale al pago de medio aguinaldo a 90 mil jubilados y pensionados y no está en condiciones de ser afrontada por la Caja. A su vez indican que el ente jubilatorio proyecta un déficit de 1.400 millones de pesos para este año, lo cual complica aún más lo ordenado por la Corte distrital.

 Cálculos

Calcular lo que debe recibir ahora un jubilado por lo que le recortaron desde 1996 en adelante no es simple. El Tribunal Superior consideró que había que hacerlo con la tasa de interés pasiva del Banco Central más un recargo de 0,5% y un interés de 2% mensual. Hechas las cuentas con esta medida, por cada 100 pesos que le recortaron al jubilado en 1996, hoy debería percibir 434 pesos (a una tasa efectiva real de 28%).
Si se siguiera el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia respecto de las deudas de ANSeS, la tasa efectiva real sería de 8%, ya que toma sólo la tasa de interés pasiva del Central. Con este parámetro, por cada 100 pesos que no cobró el jubilado, recibiría ahora 251 pesos. Y si se lo actualizara con el índice de precios (inflación), hoy recibiría 201 pesos.
Pero la pretensión de la Caja de Jubilaciones es pagar sólo el capital original, es decir, los 100 pesos que al agente le redujeron en el 96. El argumento es que el organismo no entró en mora -como sí hizo ANSeS a nivel nacional- ya que la Caja pagó todos estos años «conforme a derecho», es decir, respetando el Decreto 1.777, que había sido avalado por el Tribunal Superior y hasta por la propia Corte de la Nación.