Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, agobiados por la crisis financiera que derivó -entre otros problemas- del conflicto agropecuario, buscan urgentes acuerdos para llevar adelante una reforma tributaria en sus distritos que permita afrontar las dificultades en las cuentas locales. Por caso, en la Santa Fe del socialista Hermes Binner habrá reuniones con sectores empresariales y sociales para presentar los grandes números de las cuentas públicas. Sube el gasto, se atenúan los ingresos y preocupa la alta inflación. También existen dificultades en municipios y comunas. El gobierno explicará los alcances de un ajuste impositivo que ya generó una fuerte reacción empresarial y de legisladores justicialistas. «No vamos a mandar la reforma cruda a la Legislatura, no es nuestro estilo», señaló un funcionario de máxima confianza del gobernador. El panorama fue graficado por el ministro de Economía local, Angel Sciara, quien hace una semana confirmó la decisión de adelantar la reforma tributaria que la administración frentista planteaba para 2009. A las pocas horas, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, y el propio Binner ratificaron la decisión que -por ahora- está esbozándose en los despachos, pero todavía no tiene demasiadas precisiones. En tanto, también diputados bonaerenses se reunieron con el ministro de Economía provincial, Rafael Perelmiter, e intendentes pertenecientes a la Federación Argentina de Municipios. La idea es aunar criterios con los jefes comunales -que piden garantías por los fondos compensatorios- y blindar a los legisladores en vistas a la probable sanción -mañana- de la reforma tributaria que impulsa Daniel Scioli.
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Si bien el presidente de Diputados, Horacio González, no participó del encuentro, en declaraciones a radio «Provincia» defendió la reforma, en los mismos términos en los que fueron instruidos los legisladores. Aseguró que los cambios tributarios «son más que positivos, algo que la provincia necesita». Esto «tiene que ver con la equidad, con la justicia, se graba con el 1% a industrias que no están pagando nada y que van a facturar más de 60 millones de pesos anuales. No estamos grabando un tallercito, es una parte ínfima del sector industrial, 4 o 5%». Asimismo, la Legislatura cordobesa debatirá desde hoy una amplia reforma previsional obligada por la crisis de financiamiento que le impone la Nación al no enviar los fondos atrasados del acuerdo firmado en 2001, que hasta el momento representan un total de $ 1.600 millones. La administración de Juan Schiaretti remitirá el proyecto que incluye un recorte que va de 15 a 30% en los haberes pasivos superiores a los $ 5.000. Ante la falta de repuestas a los reclamos de la provincia a la Nación e incluso ante la absoluta ignorancia de los planteos administrativos iniciados, el gobierno cordobés decidió «pagar el costo» de este recorte, al tiempo que agotará las instancias para demandar al gobierno federal ante la Corte Suprema de Justicia. Precisamente ése es el reclamo de un importante número de legisladores para avanzar en el tratamiento del proyecto.
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