Los gobernadores Claudio Vidal y Gustavo Melella enfrentan la presión de los sindicatos estatales que exigen negociaciones salariales, mientras en Santa Cruz crece el conflicto por la insistencia del oficialismo en aprobar una ley de emergencia económica que rechazan los trabajadores.
La Asociación Docentes de Santa Cruz marchó hacia la Legislatura, en un contexto de paro de dos días, por el rechazo al proyecto de ley de emergencia del gobernador Claudio Vidal y pide la apertura de paritarias.
Un escenario de creciente conflictividad laboral atraviesa a dos de las provincias más australes del país. En Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal intenta sin éxito avanzar con una ley de emergencia económica que los gremios denuncian como herramienta de ajuste, mientras que en Tierra del Fuego, Gustavo Melella enfrenta reclamos formales por la apertura de paritarias que aún no tienen fecha cierta. En ambos territorios patagónicos los trabajadores estatales denuncian la falta de diálogo y la pérdida de poder adquisitivo en medio de una crisis económica que golpea con particular dureza a las regiones más alejadas del centro del país.
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Santa Cruz: la emergencia que no prospera
El gobierno de Claudio Vidal vive una semana corta crítica. Tras el fracaso de su proyecto de ley de emergencia económica y financiera en la primera sesión legislativa del año -cuando los diputados devolvieron el texto al Poder Ejecutivo por presión de los sindicatos que reclamaron en las puertas de la Legislatura-, el mandatario provincial confirmó que insistirá con la norma, aunque con modificaciones.
La iniciativa, que pretendía establecer una emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año más), incluía puntos cuestionados por los gremios: la reorganización del gasto público, la revisión de estructuras administrativas, la suspensión de ingresos de personal al Estado y, lo más resistido, la posibilidad de "armonizar los aumentos salariales con los recursos disponibles", lo que en la práctica implicaba limitar mejoras remunerativas si no existían fondos para afrontarlas.
"Contra la Ley de Emergencia Económica, por el salario y por los puestos de trabajo", es la consigna que movilizó este jueves a docentes, estatales y judiciales en una marcha provincial convocada por la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) que marchó hacia la Legislatura, en un contexto de paro de dos días. La medida de fuerza se extenderá hasta este viernes 27 de marzo, en rechazo a la insistencia oficialista por aprobar la norma.
Claudio Vidal
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.
La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, intentó bajar el tono al enfrentamiento al asegurar que "en ningún momento se habló de reforma previsional ni de ajuste a los trabajadores", y que el proyecto solo reafirma criterios existentes en la ley de administración financiera. Sin embargo, los sindicatos mantienen su postura de rechazo, especialmente ante la creación de un "régimen de pasividad anticipada voluntaria" que permitiría a empleados públicos cercanos a jubilarse (hasta cinco años antes) dejar de prestar servicios percibiendo entre el 55% y el 75% de su salario, según los años que les falten para el retiro.
La semana pasada, el gobierno provincial recibió un anticipo financiero de $100.000 millones de la Casa Rosada que, según Vidal, será destinado principalmente al pago de salarios de activos y pasivos. Pese a esto, no hay fecha oficial para la convocatoria a paritarias. La propia ministra Elmiger admitió que la convocatoria a los gremios sería "a fines de marzo, esta semana, o inicios de abril".
El conflicto escaló cuando el Ministerio de Trabajo provincial postergó las reuniones de subcomisión laboral con ADOSAC y AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) "atento a la medida de fuerza dispuesta" por el gremio docente. Desde ADOSAC criticaron la decisión: "este miércoles podríamos habernos reunido para que nos den soluciones y evitar la medida de fuerza", señaló el secretario general Juan Manuel Valentín.
Tierra del Fuego: paritarias pendientes y diagnóstico crítico
En la provincia más austral del país, la situación no es menos compleja. ATE Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó de manera formal una solicitud al gobernador Gustavo Melella, al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Asuntos Gremiales para la apertura de la Mesa Paritaria y la puesta en funcionamiento de la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales Provincial (CoPARLaP).
"La presente solicitud corresponde a la necesidad de abordar de manera integral la situación salarial y las condiciones laborales de las y los trabajadores en un contexto económico que ha impactado de forma significativa en el poder adquisitivo y en la calidad de vida de las familias fueguinas", señala el texto del gremio estatal, que hasta el momento no ha recibido respuesta.
El secretario de Finanzas de ATE Río Grande, Carlos Margalot, expresó su preocupación por la falta de convocatoria a paritarias y advirtió que la situación salarial de los trabajadores estatales se vuelve cada vez más crítica en el actual contexto económico. "Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna convocatoria a mesa paritaria. Hubo conversaciones extraoficiales, pero necesitamos una propuesta concreta para comenzar a discutir", sostuvo. Remarcó que la demora en la negociación impacta directamente en los trabajadores: "el salario no puede esperar, no se pueden dejar pasar los meses sin una recomposición".
Melella, por su parte, trazó un diagnóstico sombrío durante la inauguración de la Carpa de la Dignidad en Río Grande, que dio inicio formal a una semana de actividades conmemorativas en vísperas de una nueva Vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. "La provincia está en un momento muy difícil, con una caída fuerte de la recaudación nacional y propia. Se ha destruido gran parte de la actividad industrial y eso impacta directamente en los ingresos", advirtió.
El mandatario fueguino denunció el "retroceso de sectores clave como la industria electrónica, textil y energética", y alertó sobre la pérdida de empleo y el enfriamiento general de la economía. "Miles de fueguinos han perdido su empleo o su obra social y hoy dependen del sistema público de salud, eso implica una mayor inversión del Estado en un contexto de menos recursos", explicó.
A pesar de este escenario, Melella aseguró que "los sueldos están garantizados y se abonarán en tiempo y forma", aunque reconoció las dificultades derivadas del contexto económico. "El compromiso es pagar los salarios como corresponde, estamos trabajando para sostener eso y, si fuera necesario, priorizar a los trabajadores", indicó.
Un patrón común: gobernadores aliados de Milei frente a la conflictividad social
Tanto Vidal como Melella comparten características políticas que los diferencian del kirchnerismo y los acercan, en distintos grados, a la gestión del presidente Javier Milei. Vidal, gremialista del PJ no kirchnerista, se mostró favorable al RIGI dentro de la Ley de Bases y acompañó al presidente en su reciente viaje a EEUU para la "Argentina Week". Melella, por su parte, mantiene canales de diálogo institucional con los ministerios del Interior y Economía de la Nación, aunque aclaró que "no tengo diálogo con el Presidente, porque no dialoga con los gobernadores".
Esta proximidad con la Casa Rosada no impide que ambos mandatarios enfrenten las consecuencias sociales de las políticas de ajuste nacional. La reducción de la coparticipación federal, la caída de la recaudación por la baja del IVA y el deterioro de la actividad industrial impactaron de manera directamente en las finanzas provinciales, limitando la capacidad de respuesta ante los reclamos salariales.
En ambas provincias, la falta de convocatoria a paritarias y la insistencia con medidas que los gremios interpretan como recortes -la ley de emergencia en Santa Cruz, la reestructuración del Estado en Tierra del Fuego, un proyecto de Melella- anticipan un trimestre de alta conflictividad.
El Frente Sindical de Santa Cruz ya anunció que mantendrá las medidas de fuerza mientras el gobierno provincial no desista de la ley de emergencia. En Tierra del Fuego, ATE espera respuesta a su pedido formal de apertura de la mesa paritaria, mientras el gobernador Melella presentó en la Legislatura un paquete de leyes orientado a la "transformación del Estado" que incluiría beneficios fiscales para sectores que "empiecen a aportar" y una reestructuración interna del gobierno.
La ecuación es compleja: dos provincias con economías vulnerables, gobernantes que intentan equilibrar sus cuentas públicas sin profundizar el ajuste social y trabajadores estatales que exigen recuperar el poder adquisitivo perdido. El escenario deja en evidencia las dificultades de sostener la gobernabilidad en el extremo sur del país, donde la distancia geográfica se suma a la crisis económica.
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