Tensión por protestas de guardiacárceles

Córdoba - En el marco de una protesta de guardiacárceles que obligó a la Policía y a la Gendarmería a reforzar las penitenciarías, el gobierno de Juan Schiaretti anunció ayer un incremento que lleva el salario conformado mínimo del Servicio Penitenciario a $ 2.000, aunque rechazó negociar con miembros de la fuerza.
Anoche, un grupo -minoritario- de efectivos mantenía una protesta en la Plaza San Martín, en la capital provincial. En paralelo, alrededor de un centenar de agentes penitenciarios extendieron la guardia en la cárcel de Villa María, a la espera de una resolución en el conflicto con la provincia por los reclamos salariales y laborales.
El reclamo, surgió a principios de esta semana, anticipándose al anuncio oficial de suba salarial, que será mayor al acordado con estatales y docentes.
Un dato clave de esta situación es la alta politización que viene adquiriendo el conflicto. Esto se observa en varias señales: por un lado, el grupo de guardiacárceles en protesta es minoritario (no más de 150 agentes sobre un total de 3.200 efectivos). Además, en ese entorno actúan como asesores dos ex policías (exonerados de la fuerza), alineados políticamente con el juecismo y que hace dos años encabezaron una fuerte protesta.
Ayer, y en el marco de este conflicto, el secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, Raúl Pino, se presentó ante la Justicia y solicitó la actuación de un fiscal de turno para garantizar la seguridad en los penales, además de denunciar supuestos ilícitos cometidos por parte de algunos guardiacárceles.
En paralelo, el gobierno provincial complementó los anuncios de mejoras salariales, con los de la efectivización de todo el personal contratado y planes de especialización para los que ingresaron hasta 2005. También se reforzaron las guardias de los penales con efectivos de la Policía y de la Gendarmería.
A última hora, los agentes penitenciarios lograron reunirse con representantes de los bloques legislativos, pero no fueron recibidos por el gobierno, que mantiene la postura de que los guardiacárceles son una fuerza de seguridad sin representación gremial.