Los reclamos de tierras se multiplicaron esta semana y ayer hubo una masiva movilización hacia la Casa de Gobierno jujeña, en sintonía con la marcha que se realizó en el centro porteño.
Jujuy - En medio de un clima de fuerte tensión por la escalada de tomas de terrenos en la provincia, la Legislatura jujeña sancionó una ley que aprueba la expropiación -para construir viviendas sociales- de 40 hectáreas de tierras de la empresa azucarera Ledesma en la localidad de Libertador General San Martín, donde el pasado jueves un sangriento operativo policial de desalojo dejó el saldo de tres civiles y un policía muertos.
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La norma -sancionada en la madrugada de ayer, en medio de duros cuestionamientos de la oposición al justicialismo gobernante- fue impulsada por el mandatario kirchnerista Walter Barrionuevo, en un intento de domar un malestar social que se ve, además, fogoneado por la inminencia de las elecciones de octubre.
En la sesión, la oposición también logró que se apruebe la creación de una Comisión Parlamentaria Extraordinaria Investigadora, que se encargará de determinar responsabilidades políticas -u otras- en los incidentes en el intento de desalojo de 500 familias del jueves, que son investigados además por la Justicia (ver aparte). En 15 días, un informe final deberá ser elevado a la Cámara de Diputados.
En tanto, la Policía reforzó en las últimas horas, en distintos puntos de la provincia, la seguridad en los predios donde hay viviendas en construcción o a punto de entregarse para evitar nuevos focos de conflicto que agraven aún más el tenso clima social.
Con Jujuy nuevamente en la vidriera nacional, ayer se mantenían las intrusiones de predios por parte de un multisectorial lote de usurpadores, en reclamo de soluciones habitacionales.
El panorama incluye varios focos en la convulsionada Villa Libertador General San Martín y en otras localidades, como en Perico (donde había alrededor de 500 viviendas tomadas), en Puesto Viejo (cerca de 300 personas se asentaron en tierras de la empresa Minetti), en Pampa Blanca (con 150 familias ocupando cuatro manzanas con viviendas en proceso de edificación), en La Mendieta y en Caimancito.
En la noche del lunes, el gobernador kirchnerista Walter Barrionuevo pidió «mesura a la gente que está ocupando terrenos» y que «no se deje engañar por los que buscan generar más conflictos», además de anunciar que realizará un censo sobre las familias necesitadas de viviendas.
Por esas horas, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy llamó a la «reflexión» a la ciudadanía «ante los lamentables sucesos acaecidos en Libertador General San Martín y las posteriores acciones de ocupación de inmuebles de propiedad estatal y privada en distintos lugares de la provincia».
En esa línea, recordó «la plena vigencia de la normativa legal que contempla sanciones a las conductas que por acción u omisión lesionen los derechos y garantías de las personas».
«Siendo absolutamente necesario restablecer la paz social y el Estado de derecho, el Poder Judicial continuará cumpliendo su misión en el marco constitucional vigente, aplicando la ley ante el requerimiento de las autoridades y particulares que resulten perjudicados por las conductas inapropiadas que lesionan en definitiva a una sociedad que quiere vivir en democracia, con pleno respeto a sus derechos fundamentales», advirtió.
En paralelo, se multiplicaron ayer las manifestaciones de repudio por el trágico desalojo. Por caso, organizaciones sindicales y gremios de la CTA protagonizaron ayer una multitudinaria marcha por la capital provincial en reclamo de justicia, que se convirtió en una de las más importantes de los últimos años y que contó con la presencia de la piquetera kirchnerista y líder de la Túpac Amaru Milagro Sala, quien aseguró que «no permitirán que sigan ocurriendo muertes por reclamo de tierras» y reclamó que la provincia no le pague a la empresa Ledesma el monto a expropiar. Por su parte, la CCC prometió marchar el 10 de agosto hasta la casa de la familia Blaquier, dueña de la empresa, a la que acusan por los disparos.
En sintonía, en la Ciudad de Buenos Aires la CTA se movilizó hasta la Plaza de Mayo con las mismas consignas. Por su parte, el candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, advirtió que «el Gobierno hizo oídos sordos a la protesta» en Jujuy.
Estrategia
La norma sancionada en la Legislatura declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de 40 hectáreas (no 15 hectáreas, como lo preveía el proyecto original), ubicada en el departamento de Ledesma, propiedad de la Empresa Ledesma SAAI.
El valor de la propiedad será dispuesto en función de la valuación definitiva que efectuará el Tribunal de Tasaciones de la provincia, mientras el objetivo será «satisfacer necesidades sociales».
También se determina que el Ejecutivo realizará los trámites tendientes a la expropiación, pudiendo aplicar el procedimiento de expropiación de urgencia y compensar el depósito respectivo con los créditos que correspondan al Estado provincial por tributos adeudados en razón del inmueble de que se trata.
Según los argumentos presentados por el Ejecutivo, la norma se apoya en «la inexistencia de inmuebles en algunas zonas urbanas de la provincia de propiedad del Estado provincial que limita el crecimiento rural de las poblaciones, especialmente los sectores más carenciados de éstas, quienes no poseen medios económicos suficientes para la adquisición de terrenos privados». El Poder Ejecutivo había enviado a la Legislatura otros dos proyectos de expropiación de tierras en Fraile Pintado y Pampa Blanca, que no fueron tratados.
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