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El empréstito fue solicitado en 1997, durante la ex administración juarista, con la aprobación de la Legislatura, como un «blindaje» financiero de las arcas provinciales por u$s 7,6 millones. El paso del tiempo y los «intermediarios» elevaron el monto a u$s 120 millones, cuyo destino la Justicia santiagueña todavía no pudo determinar. Informate más
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