Está claro que en la vida, muchas veces, todo depende de la mitad del vaso que se elige mirar. Con la inesperada pandemia, una cuarentena más larga que en otros países y el impacto económico, el horizonte para el sector automotor no era el mejor unos meses atrás. Sin embargo, los datos muestran que el cierre del año va a estar por encima de los pronósticos realizados en el momento más oscuro. La parte llena del vaso indica que, con alrededor 24.000 0 km que se patentarán en diciembre, 2020 cerrará por arriba de las 330.000 unidades. A mitad de año amenazaba un mercado de 260.000 vehículos. Pero ese no es el único hecho que tienen en la industria para festejar. El misterioso Sr. 5 -esa fuente que suele aportar buena información para este diario- salió del aislamiento social y volvió a recorrer los pasillos de las automotrices y a visitar las oficinas de las entidades del sector. Según comenta, puede haber buenas noticias sobre un trabajo conjunto que están haciendo con el Gobierno todos los integrantes de la cadena de valor. Desde hace un mes, terminales, autopartistas y gremios se vienen reuniendo con el Ministerio de Desarrollo Productivo para la elaboración de un proyecto de ley que puede darle un impulso a las fábricas radicadas. La idea de esta iniciativa, que podría ser enviada para las sesiones extraordinarias, es declarar al sector como estratégico. Esto le permitirá obtener una serie de medidas que funcionarán como estímulo para las empresas. El borrador en cuestión tiene un capítulo que se refiere a la promoción de inversiones con cuatro puntos concretos: amortización acelerada de crédito fiscal, devolución del IVA por nuevas inversiones, devolución de los saldos técnicos de IVA por desarrollo de proveedores locales y exención del pago de retenciones para nuevas inversiones. Estas medidas están siendo evaluadas por el ministro Martín Guzmán para medir el impacto fiscal que tendrían. Para tener una idea, la deuda que el Estado tiene con las automotrices por retraso en la devolución de impuesto, supera los $15.000 millones. Esa es la traba para que Economía lo avale. Del lado del ministro Matías Kulfas ya se dio el visto bueno. Para ayudar a su aprobación las terminales presentaron un estudio que muestra que, hasta 2030, el Estado tendrían un beneficio de unos $8.000 millones en mayor recaudación respecto al lo que cede en impuestos. Se trata de inversiones incrementales que, si no tuvieran ese beneficio, no vendrían y no generarían ingresos para el fisco ni nuevos puestos de trabajo. Hay otro capítulo en este proyecto (depende de Economía si se manda al Congreso este año o el próximo) que es el Instituto de la Movilidad. Un ente mixto (público-privado) pero con administración privada. Esta es una idea que impulsan los gremios. El objetivo de este ente es de generar propuestas para el sector. Hay otros dos capítulos que, seguramente, se tratarán en marzo, que es el de desguace o scrap y el de Electromovilidad (que impulsa la utilización de vehículos ecológicos). Esta iniciativa viene bastante demorada por falta de consenso entre las partes y pasará para el año próximo. Las empresas quieren incentivos para invertir. De otra forma, todo dólar que esté dando vuelta por la región, se lo llevará Brasil.
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