Un «Proyecto de Declaración» para que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) resuelva el problema de los productores apícolas de la provincia de Buenos Aires y el país fue presentado por la diputada bonaerense del bloque justicialista Graciela Nora Rego. Se acrecienta la inquietud tras la detección de residuos de nitrofurano y sus metabolitos en la miel de exportación. El proyecto de declaración, propone asimismo la habilitación de un laboratorio oficial con capacidad técnica para realizar los análisis pertinentes y determinar la presencia de esa sustancia en el producto. La propuesta se sustenta en el dato real de que el negocio de la miel tuvo una importantecaída a raíz de este problema, lo cual afectaa más de 25 mil apicultores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos en su gran mayoría.
La crisis del sector se desató después de agosto de 2003, cuando se detectó en el Reino Unido esa sustancia cancerígena en un lote de miel argentina; el producto se utiliza en nuestro país para la limpieza de los panales.
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Desde entonces, las exportaciones mermaron, y el SENASA alegó desconocer la verdadera causa de la contaminación de la miel con nitrofuranos, no obstante no descartó la posibilidad de que las sustancias residuales permanezcan en la cera y cantidades detectables se difundan a la miel.
Los apicultores aseguraban que el SENASA carecía de información acerca del producto, y reclamaban una respuesta concreta luego de que sus tambores de miel fueran rechazados a nivel internacional. Hasta febrero de este año se exportó miel por sólo 11 millones de dólares, 50% menos que en igual período del año pasado, en tanto que la Secretaría de Agricultura de la Nación informó que los envíos de marzo y abril fueron «prácticamente paralizados».
De este modo, el cierre del mercado europeo al ingreso de las mieles argentinas, que paraliza las exportaciones desde febrero, la escasa respuesta de SENASA, y la migración de colonias infectadas a la región del Delta del Paraná, motivan el reclamo urgente de la elaboración de un «protocolo universal» para encuadrar el problema y proteger tanto a productores como consumidores. Los productores apícolas, por su parte, consideran que si el gobierno nacional en 2003 recibió como aporte de las exportaciones de miel 16 millones de dólares, estaría en sus posibilidades invertir 400 mil dólares, estimativamente, para montar un laboratorio con los implementos técnicos necesarios para detectar la presencia de la sustancia contaminante en la miel.
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