Medidas del Estado generaron incertidumbre para el agro

El año 2007 fue un período de viento en popa, pero únicamente proveniente del exterior. El viento soplado por el Estado no sólo fue nulo sino que contrario al avance de la nave.

Los reducidos stocks y los valores del petróleo hicieron saltar los precios de los commodities agrícolas. También, la desvalorización del dólar tuvo un papel gravitante al alentar el aumento del precio de los productos que exporta el país.

Los valores del petróleo aumentaron de forma espectacular: 50%, en tan sólo un año. Por eso, 2007 será recordado como el año de las energías de origen vegetal. Y la tendencia parece seguir para el año que viene.

Los mercados mundiales activaron el fortalecimiento de las actividades tradicionales, como la agricultura extensiva o la ganadería ovina y vacuna, y de los emprendimientos de todo tipo que están permitiendo correr, aún más, la frontera agropecuaria tanto hacia el Norte y el Oeste como al Sur. Pero este cuadro, que debería llenar de optimismo, se mantuvo encorsetado, o al menos contenido, por una variada gama de impuestos y restricciones a las exportaciones ligadas al agro.

Vale entonces preguntarse: ¿hubo viento en popa, también, desde el interior? Decididamente: no.

La estrategia gubernamental continuó basándose en la acumulación de poder mediante un elevado superávit fiscal. El corazón de la política económica se mantuvo en un tipo de cambio alto, con regulaciones en el mercado. Una de las lecturas oficiales está fundamentada en que las empresas que sustituyen importaciones, sin la presión de la competencia externa, invertirían y producirían más. El modelo elegido tiene que ver con la eficiencia y el crecimiento de largo plazo, bajo un esquema que privilegia la generación de rentas extraordinarias merced a la restricción de la competencia externa. Se trata de una visión, de larga data, más ligada a lo interno que a la integración mundial.

Pero, fundamentalmente, el tipo de cambio alto estuvo relacionado con la necesidad de recaudar. El Estado se mantuvo presto a cobrar derechos sobre exportaciones valuadas en términos de un dólar elevado. Así, cuando un exportador cumplía con su obligación de ingresar las divisas, pagaba el impuesto a los créditos y débitos bancarios sobre un valor en pesos más alto, lo cual redituaba al fisco mayores recursos.

La estrategia es nítidamente centralista. Nunca en la historia del país hubo un período como el año 1997 con semejante expropiación de rentas fiscales ni arbitrio de utilizarlas para la acumulación de un poder hegemónico. El «asalto» a gran parte de la renta fiscal de las provincias mostró cómo sigue vigente la contravención al mandato de nuestra Constitución respecto de la coparticipación federal.

Las cuantiosas sumas de dinero en concepto de impuestos, provenientes de gente de las provincias y del campo, siguieron siendo administradas desde la Capital, en vez de que ese dinero fuese un impulsor de demanda de bienes y servicios en sus lugares de origen. De esta forma, tal demanda podría haber retenido, en los mismos lugares, la población que busca nuevos horizontes en las grandes ciudades.

Clientelismo

En este cuadro los derechos de exportación jugaron un rol central y la ayuda a los sectores humildes se convirtió en una aceitada herramienta de poder. Francis Fukuyama lo advierte cuando escribe «una mala gestión fiscal (como la de los gobiernos que gastan más de lo que ingresan, o que gastan dinero público con fines privados) es la cara continua de muchos países en vías de desarrollo. Las más de las veces el problema proviene de los políticos que usan el dinero público para mantener las redes de clientelismo que son cruciales para su supervivencia».

El fantasma de la distribución de ingresos y la necesidad de recaudar pone un horizonte de incertidumbre que hace imposible lograr el máximo potencial de la cadena agroindustrial. La incertidumbre que estas intervenciones sobre la actividad privada generan es la que, finalmente, mayor daño ocasiona. La señal implícita en cada aumento de derechos de exportación voltea el espíritu empresarial y la actitud de emprendimiento hacia la adición de valor en la cadena de valor. El año 1997, mostró la fuerza de las expectativas y sus efectos sobre la adición de valor.

Los premios Nobel de Economía Kydland y Prescott remarcan la importancia de lo institucional y ponen de manifiesto cómo las expectativas y la confianza en el Estado afectan las decisiones. Ellos centran su atención en la «fortaleza de las instituciones», correlacionada con el respeto a los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y la estabilidad en las reglas de juego.

La presión de la inflación creciente y los derechos de exportación junto a expectativas negativas, derivadas de la acción gubernamental, en un contexto de insumos encarecidos, operaron claramente en contra de la inversión en adición de valor y diferenciación de productos.

El peso de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario está ligado a los incrementos de productividad del sector primario que a su vez se desparraman a los demás eslabones. Estos incrementos vuelven, al eslabón agrario. No cabe duda de que la política, en 1997, tuvo un sesgo antiprimario que, indirectamente, logró reducir la capacidad operativa del sector productor y en consecuencia del procesador y de servicios involucrados. Ello explica, en gran parte, por qué las exportaciones primarias lideraron el ranking y las de industrias de origen agropecuario no pudieron superarlas. La suba estuvo encabezada, hasta noviembre, por los productos primarios (43%), las manufacturas de origen agropecuario (25%) y las de origen industrial (15%).

Incrementar el valor y el volumen de las exportaciones implica reasignar capital y trabajo hacia sectores con capacidad exportadora. Si no se reducen las restricciones arancelarias y paraarancelarias que traban nuestras importaciones, no habrá reasignación de recursos productivos en favor de sectores con capacidad exportadora. Por ello, 1997 revelaun menor superávit en la balanza comercial.

La solución está en una política de Estado que comprenda a la cadena agroindustrial como un todo y proviene de la comprensión de ésta como un motor central de la economía en lugar de ser apreciada como una fuente de succión de recursos, que habrá de ser mayor si los tiempos son venturosos, y menor, si están alicaídos. Si no se entiende ello, no habrá crecimiento de una clase de empresarios rurales, de empresarios de la agroindustria y de empresarios de los servicios.

Se requiere una estrategia impositiva coherente y estable, en el largo plazo, que penalice las ineficiencias y premie la inversión. El mundo de hoy induce a asignar mayores recursos a aquellas actividades poseedoras de ventajas naturales superiores a la media de las economías del mundo o que tienen mayor capacidad de desarrollo de ventajas comparativas. Ello exige reemplazar el actual criterio de sustitución de importaciones por el exportador y de integración al mundo.