El recaudador bonaerense Santiago Montoya sigue haciendo foco sobre el campo y ayer afirmó que el Impuesto Inmobiliario Rural debe ser actualizado, ya que lo que se cobra actualmente «constituye una broma, pues es vergonzosamente bajo».
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«Desde mi perspectiva, al campo tendríamos que haberle aumentado el Inmobiliario Rural hace mucho, hace poco y ahora», aseguró el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que sale a hablar en un momento muy delicado para el sector, en medio de un paro nacional sin precedentes en los últimos 15 años. La situación tampoco es cómoda para las finanzas provinciales, con un déficit 2008 calculado en aproximadamente $ 6.000 millones. En 2007, el Inmobiliario Rural reportó $ 437 millones a Buenos Aires.
Montoya aseguró que «vergonzosamente bajó el nivel de presión tributaria» en ese impuesto para el campo y recordó que durante la gestión del ex gobernador Felipe Solá se intentó hacer una modificación profunda de este gravamen, «pero no logramos el consenso necesario». Aun así, fuentes de ARBA aclararon que más allá de los dichos de Montoya «no hay actualmente ninguna iniciativa oficial para aumentar el Inmobiliario Rural».
«Si me pregunta a mí, yo la hubiera hecho (la modificación) antes de ayer, y si no la hubiese podido hacer antes de ayer la hubiese hecho ayer, la estaría haciendo ahora y si no la trataría de hacer mañana», aseguró el titular de ARBA.
Montoya ya había salido días atrás a denunciar públicamente que el nivel de evasión de los productores rurales, subrayando que en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos se ubicaba en los niveles más elevados de la Provincia.
En el caso de la agricultura, Ingresos Brutos es un carga de 1%, al igual que el impuesto a los Sellos para los contratos de arrendamiento. Durante la última temporada, Buenos Aires produjo unas 30 millones de toneladas de los principales cultivos (soja, trigo, maíz, girasol, cebada), con una facturación aproximada de $ 25.000 millones, lo que permitiría una recaudación de $ 250 millones vía Ingresos Brutos. El arrendamiento de campos, en tanto, dejaría unos $ 100 millones.
La ARBA ya lanzó este año el llamado programa de Control Fiscal del Agro. A principios de este año, Montoya sacó a relucir un trabajo sobre 8.000 parcelas rurales que indicaba que las dos terceras partes de las mismas había incumplido sus obligaciones tributarias.
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