Cerca de 1 millón de pesos fue lo que pagaron las plantas de faena durante este año por estar en infracción. En lo que va de 2000 ya se inspeccionó un total de 223 plantas, 60 por ciento de los establecimientos habilitados en todo el país, y 123 en el último trimestre, según un informe de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
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«Los procedimientos se cumplieron en forma conjunta con la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP) y en algunos casos con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para verificar el cumplimiento de todas las normas impositivas, comerciales y sanitarias que rigen la actividad», dijo el jefe de asesores de la ONCCA, Marcelo Rossi.
El objetivo fundamental del organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación «es limpiar el mercado de la carne de operadores ilegales y hacer transparentes las prácticas comerciales para evitar la competencia desleal entre quienes cumplen sus obligaciones y quienes las burlan», precisó Rossi.
Dilema
Las infracciones más comunes detectadas por el organismo que preside Oscar Merbilaha, son faltas de anotaciones de los libros de faena y registros de actividad de las plantas, operar sin habilitación o con la matrícula distinta de la otorgada, faena de reses indocumentadas y salida de carne procesada sin la documentación correspondiente.
Rossi indicó que las multas pueden llegar hasta 50 mil pesos «con suspensión temporaria de las plantas cuando la gravedad de la infracción lo amerita».
«Aunque lo recaudado en lo que va del año es importante, porque contribuye a financiar nuestros gastos operativos, preferiríamos que bajara dado que indicaría la disminución de las irregularidades», expresó el funcionario.
Los controles se cumplen en forma «sorpresiva» y «los inspectores recién se enteran del lugar a visitar cuando llegan al aeroparque y reciben los boletos para embarcarse», explicó Rossi.
«La reserva sobre el programa de controles y los procedimientos conjuntos con inspectores de distintas dependencias (ONCCA, AFIP, SENASA) evita filtraciones que alerten a los infractores e impide la formación de asociaciones de encubrimiento», enfatizó.
A veces, la aplicación de sanciones plantea a los inspectores el dilema de hacer cumplir estrictamente la ley con riesgo de afectar la continuidad operativa de la infractora y provocar pérdidas de puestos de trabajo o tolerar ciertos niveles de ilegalidad.
Asimismo, Rossi apuntó que el titular de la Secretaría de Agricultura, Antonio Berhongaray, estudia una resolución que daría facilidades de pago a los infractores «para que puedan cumplir con las multas y continuar operando».
El asesor de la ONCCA indicó: «Las infracciones son pocas y de importancia relativa en los establecimientos del primer cordón urbano, pero a medida que nos alejamos de la Capital Federal las irregularidades van en aumento». También destacó: «Las cámaras de industriales frigoríficos hace tiempo que reclaman una acción más enérgica y una presencia más efectiva de los organismos fiscalizadores para eliminar la competencia desleal, lo cual nos estimula a incentivar nuestra actividad y a extenderla paulatinamente a todas las regiones del país».
