Regalías: no confundirlas con lucha contra evasión
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Los precios son cíclicos y ahora están volviendo a sus valores históricos. Los productores y el mismo Estado tienen que hacer de nuevo los cálculos; los primeros para no perder y el otro para bajar o eliminar las retenciones; sustituir por un adelanto del Impuesto a las Ganancias que pagan los productores.
Ahora, la rentabilidad no es buena, entre otras cuestiones, porque el Estado no hizo los deberes y pretende seguir quedándose con una parte del negocio. Uno se pregunta: ¿Lo recaudado por las retenciones, va a un fondo de afectación específica? ¿Se destina realmente la recaudación para los planes alimentarios y los planes nutricionales, como en su momento se argumentó y/o se justificó?
«El problema no es que mientas, el problema es que te crea», sigue cantando Arjona. La realidad, y desde hace más de 50 años, es que la Argentina no ha logrado establecer una política fiscal seria para el agro, sólo fueron políticas confiscatorias. Además, el Estado puede recaudar dado que existe la tecnología de control desde hace más de 20 años (sistemas de información geográfica e imágenes satelitales). La Administración Central abusa de su autoridad para implantar retenciones y los organismos de recaudación siempre están a favor de la implantación y/o de la no eliminación: claro, así es fácil de recaudar. No es posible que por la ineptitud para recaudar se pregone cualquier argumento a favor de la persistencia del mayor impuesto distorsivo que tiene la Argentina: argumentos tales como que el agro no paga impuestos, que es alta la evasión, que es necesario mantener los precios internos de los productos básicos para no encarecer la canasta familiar. ¿Cuánta soja o cuánto maíz se consume en la Argentina? Hasta se escribió que las retenciones generaban equidad.
Las políticas activas son políticas de intervención del Estado, por ejemplo, en la formación de los precios; tratan de alguna manera evitar distorsiones o abusos monopólicos. Las retenciones, que afectan a los ingresos de los productores, constituyen una política activa negativa, vaya contradicción, vaya paradoja.
En cualquier sana administración de negocios privados, las regalías se tratan como amortizaciones contables, conforman un fondo de recuperación de lo invertido y forman parte de los costos; esto quiere decir que las empresas semilleras deber cargar sus regalía en el precio de venta de la semilla. Se usan unos 100 kgs de semilla por hectárea para obtener unos 3.000 kgs de producto, caso de la soja ¿es serio y es justo pretender cobrar una regalía sobre el producto obtenido?
Por otro lado, lo que no está bien es vender semillas transgénicas sin pagar las regalías, debería ser un delito penal.
El Estado tiene el marco legal y el organismo de contralor: La Ley de Semillas y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Cabría fortalecer a este organismo para el cumplimiento de la Ley.
La visión estratégica de largo plazo es reconocer el valor y la importancia de la agroindustria argentina. El complejo sojero es la industria más eficiente del país y es una de las más competitivas en al mundo. Las empresas procesadoras, dentro de poco tiempo, estarán arañando las 150.000 toneladas diarias de molienda, valores cercanos al crushing diario de EE.UU. y de Brasil.
Es posible que en un futuro cercano se necesite importar soja de Paraguay y de Bolivia para dar aquí valor agregado, que es una renta genuina. Para que ello sea posible, el Estado debe atender los problemas de dragado y balizamiento del Paraná al norte de Santa Fe. Son obras públicas útiles y fundamentales que se deben realizar, fortalecer y ampliar para que el agro no entre en crisis.
(*) Ex subsecretario de Política Agropecuaria. Fundación Federar



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