El tabaco es una de las pocas producciones que recibe subsidios en la Argentina. Creado en agosto de 1972, el controvertido Fondo Especial del Tabaco estuvo muchas veces amenazado de recorte presupuestario y es fuertemente cuestionado por crear un sistema de precios ficticio. Sin embargo, la presión que ejercieron los sectores estatales, privados y las provincias, posibilitaron su subsistencia hasta la actualidad.
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Si bien sus defensores insisten en que no es el Estado el que subsidia, sino los mismos consumidores de cigarrillos, especialistas en economías regionales aseguran que no sólo es una ayuda al sector, sino que también estanca al sistema de producción, ya que no permite su modernización. Según la Ley 19.800, el objetivo del FET es equilibrar la comercialización del tabaco entre productores y el sector industrial.
A pesar de que la legislación establece que 80 por ciento de lo recaudado -alrededor de 190 millones de pesos-se debe destinar a los productores, muchos se quejan de que se utiliza para pagar gastos de la administración. El Fondo distribuye cerca de 81 millones de pesos, aunque perdió un ingreso de 22 millones, desde que las 7 provincias tabacaleras redujeron su participación en la producción a raíz del paquete impositivo que se lanzó en 1999.
Los que están en desacuerdo con la ayuda tabacalera aseguran que es un sistema de precios ficticio, además de no estimular la modernización y que «congela un modo de producir que es ineficiente». Además afirman que «como todo subsidio, no es transparente», dado que hay muchos intermediarios».
Durante la gestión de Antonio Berhongaray en la Secretaría de Agricultura se intentó crear, sin éxito, un sistema que transfiera el dinero recaudado sin intermediaciones, debido a que las provincias efectuaban los pagos a los productores con retraso y en bonos. Pero para esto habría que modificar la ley, ya que establece que la administración de los recursos es provincial. Desde la producción, las entidades se quejaron este año de recibir sólo 20 millones de los 81 que le corresponden y de no poder comenzar con la siembra para la presente campaña. Seguramente, con un hombre del sector en la Secretaría de Agricultura, los productores recuperen sus esperanzas de volver a cobrar una ayuda que ya tiene casi 30 años.
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