Urge arduo debate sobre retenciones

Las retenciones implican un fuerte aporte al fisco, especialmente las que provienen de las ventas externas de soja.

Hablar de las retenciones a la exportación agropecuaria a esta altura de las cosas en la Argentina parece redundante y hasta inútil: cada cual sabe cómo piensan sobre esto quienes están vinculados a la cuestión.

Los sucesivos gobiernos de los últimos tiempos se han mostrado convencidos de que las retenciones representan el justo tributo de los hombres del campo, a los que siempre les va muy bien, para con sus compatriotas más postergados.

En función de esta idea-fuerza cualquier reclamo para suprimir el antieconómico y desalentador «impuesto a la eficacia», como alguna vez con acierto se lo denominó, no es más que una muestra de insensibilidad social que sólo puede merecer el repudio de todos.

Lo lamentable es que desde la producción no se quiso, no se supo o no se pudo impedir que esa noción distorsionada fuera aceptada por gran parte de la población ajena a la actividad.

Acaso todavía sea tiempo de revertir esa realidad, y de hacerlo en base a argumentos racionales sólidos. Uno de ellos podría ser formulado así: que el gobierno deba apelar a un impuesto indebido, que no tiene sustento constitucional y que desalienta claramente a quienes deben pagarlo, para atender a los sectores más necesitados, equivale a admitir que no tiene creatividad ni recursos para obtener esos fondos por una vía menos injusta y perjudicial. De todas maneras, lo concreto es que esta administración, como la que la precedió, no tiene la menor intención de privarse de una fuente tan importante de recursos simplemente por razones de equidad o de apego a las leyes.

Así las cosas, conviene dejar atrás la etapa de la queja inconducente y pasar a la de las propuestas planteando una: que la fijación, determinación del monto y eventual supresión de las retenciones sean resorte propio del Congreso.

Facultad legislativa

En rigor de verdad, sólo el Congreso tiene facultades para crear, modificar o eliminar tributos federales, de acuerdo con la Constitución Nacional (la de antes y la de ahora, dicho sea de paso). De modo que aplicar este principio y sustraer la cuestión de la mera conveniencia del Ejecutivo implicaría un saludable gesto de apego a los principios básicos de nuestra legalidad.

La propia ley fundamental, incluso, pone en la Cámara de Diputados la exclusividad de ser el ámbito iniciador de cualquier discusión sobre impuestos, sobre la base de que ese cuerpo representa al pueblo de la Nación en el Congreso.

De aceptarse esta sugerencia, entonces, una eventual aplicación de gravámenes a las ventas de productos agrícolas o ganaderos sería resultadode una discusión parlamentaria en sus distintos niveles, comenzando por las comisiones involucradas en el asunto (Presupuesto y Hacienda, Agricultura y Ganadería, Comercio Exterior, Asuntos Constitucionales, entre otras posibles) y llegando después a los recintos de ambas Cámaras.

En los últimos tiempos estamos desacostumbrados a que los temas fundamentales de la vida del país se analicen y debatan en el ámbito que corresponde, es decir, el legislativo. Las razones de esta pérdida de relevancia del Congreso como caja de resonancia del quehacer argentino son muchas y no sería posible analizarlasaquí con la profundidad que la cuestión merece. Lo peor es que en lugar de ese debate previsto por la organización legal de la República se opta por la vía del «decretazo» o bien la de la acción directa, con «piquetes», cortes de calles y rutas, etcétera. La primera variante fomenta el autoritarismo sin control; la segunda lleva a la anarquía y al «vale todo».

La dirigencia agropecuaria debería, en este punto, pronunciarse resueltamente por la absoluta vigencia de la Constitución y las leyes. Ese conjunto normativo marca el camino por seguir. Las retenciones, entonces, deben ser discutidas en el Congreso.