22 de marzo 2026 - 00:00

Las semillas y un mundo cambiante

La guerra en Medio Oriente presiona sobre los costos. Comienza una discusión clave por cambios una nueva ley de semillas.

La ley de semillas será un punto de debate en el sector.

La ley de semillas será un punto de debate en el sector.

Gentileza: ARGV

Hay dos eventos que pasaron muy en silencio pero que están vinculados a nuestro sector agrario argentino. El primero fue que Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos renunció a su cargo el pasado 17 de marzo. Explicó que no podía apoyar la guerra, porque en su opinión como director, Irán no representaba una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos.

Más allá de la alianza Israel y Estados Unidos, en la tranquera comenzaron las preguntas: ¿Y el fertilizante? ¿Y el precio del gasoil? Pensando que hay que planificar la fina, ¿será con este nivel de costos? ¿Qué puede hacer el Gobierno? ¿Qué van a hacer los productores?

El segundo, es que se comenzó a conversar sobre una nueva ley de semillas o una modificación de la actual en un contexto de cierre del INTA en la zona AMBA. A pedido de la industria semillera, la Mesa de Enlace tiene un plan bajo el poncho. El acuerdo con los Estados Unidos contempla la adhesión a UPOV 91, que le da más poder a la industria semillera en materia de propiedad intelectual. La ley de 1973 permitió al productor poder evitarse las restricciones al uso propio. Si un productor cosechó soja, se puede guardar semillas en parte para usarlas en la siguiente campaña.

La Mesa de Enlace (CRA, SRA, CONINAGRO y FAA) está trabajando un borrador como propuesta para una nueva ley de semillas. Esto genera un debate adentro del gremialismo rural avanzar en la adhesión a UPOV 91 o mantenerse en la actual UPOV 78.

El proyecto redefine el uso propio —que pasa a ser pago, salvo para productores de hasta 500 hectáreas—, fija un tope de tres multiplicaciones con precio acordado por contrato y limita el cobro de regalías. Además, bloquea cargos adicionales por biotecnología al establecer que el valor de la semilla “agota” la propiedad intelectual y refuerza el rol de las entidades rurales en el control del sistema. Prohíbe la superposición de regalías por patentes biotecnológicas. Del documento de la Mesa de Enlace se desprende que la facultad de reservar semilla para uso propio será onerosa, pero le pone una fecha de vencimiento y reglas estrictas de contratación. Tiene que haber un convenio ente semillero y productores. En el anexo I detalla duraciones específicas para el uso propio oneroso en ciertas categorías, extendiendo la protección del obtentor:

  • En el caso de legumbres subtropicales (poroto mung) son 6 años.
  • En los cultivos industriales (tabaco, remolacha azucarera) y pasturas (templadas y tropicales), 10 años.
  • En los hortícolas de mejoramiento medioy solanáceas(tomate, pimiento) 12 años.
  • En los frutales subtropicales (palta, mango), 18 años.
  • Y en los forestales(eucalipto, pino), 25 años.

Ley de Semillas, guerra en Medio Oriente y un debate

Se abre una puerta para el debate ya que lo que esta sobre la mesa es si va a ser más costoso o no producir alimentos en Argentina y a que tipo de restricciones se enfrentará el productor. ¿Se producirá solo para exportar granos? ¿Se está dando forma al modelo exportador que muchos especialistas proponen desde distintas vertientes políticas?

Está claro que el conflicto entre EEUU, Israel e Irán está afectando el precio de los combustibles. Un ejemplo de ello es el precio del gasoil porque es importante en la producción y transporte de granos. Pensando en esta campaña 2025/26 la BCR publicó el consumo total de gasoil de la cadena granaria: en septiembre de 2025, fue de 2.324 millones de litros, lo que significaban unos u$s2.579 millones. Si actualizamos los valores a marzo de 2026, el costo paso a u$s3.308 millones. Lo que significa un incremento de más de u$s800 millones.

Si hacemos foco en la etapa de transporte, se pasó de u$s1.438 millones a u$s1.812 millones en el mismo lapso. Esto significa un costo adicional de u$s374 millones. Teniendo en cuenta la declaración del funcionario estadounidense, este costo les llego gratis a los productores.

Las semillas y el caso de la soja

Para no extendernos demasiado volvamos a la situación de las semillas, tomando el informe del SISA para soja. En la campaña 2020/21 se realizó un análisis entra las variedades Transgénicas (T) y No Transgénicas (NT).

Entre la campaña 2024/25 y la 2023/24 la superficie destinada a la campaña creció un 12%, en la variedad NT pero representó del total de la superficie, en la campaña 2024/25, solo un 1,53% cuando en 2023/24 a penas representaba un 1,49%. La variedad NT es insignificante. Cuantos productores representa ese 1,53% solo un 1,52% el 98,41% utiliza variedad de soja transgénica. Es de destacar que un volumen muy bajo es destinado al mercado interno para consumo humano.

La semilla fiscalizada es una semilla que se le vende al productor, que declara en qué lotes sembró la variedad. Si bien hay semillas que tienen rotulo puede no estar fiscalizada. La semilla fiscalizada, en el caso de la soja, como indica el informe del SISA, representa el 20% de la superficie estimada (ha). El restante 80% genera presión para los productores que realizan uso propio.

Para la campaña 2024-2025, los productores declararon en el SISA el uso de 792 cultivares diferentes de soja. Entre las 10 primeras se acumula el 45,01% de la superficie sembrada y entre las 15 más utilizadas, el 52,76 % de la superficie sembrada total. La variedad más utilizada es la DON MARIO 46I20 IPRO, ingresada al Registro Nacional de Cultivares (RNC) en el año 2020, y que comprende el 17,47 % de la superficie sembrada declarada.

Un dato que se desprende del informe es que 16.215 productores (Grandes Usuarios de Semillas -GUS-) representan el 82,62% de la cantidad de soja sembrada en las últimas campañas. El 84% de esos productores GUS se concentran en Buenos Aires (4.948), Córdoba (5.330) y Santa Fe (3.422) que representan en cada provincia el 80,61%, 81,66% y 71,29% de la superficie sobre el total de la provincia, respectivamente.

Este es el panorama actual en medio de tanto ruido a nivel internacional, pero es necesario recordar las palabras de Alberdi, no como lo citan algunos, siempre como un sofisma, sino completo. En 1873, aclaro Juan Bautista, que “gobernar es poblar en el sentido que poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente, tal como sucedió en los Estados Unidos”. ¿Estaría sugiriéndonos una reforma agraria al estilo estadounidense? El antecedente de ese proceso fue la ley de asentamientos (Homestead Act, 1862), dónde el gobierno federal distribuyo millones de hectáreas de tierras públicas a ciudadanos (colonos) fomentando la pequeña propiedad frente al gran latifundio esclavista del sur. En 1933 llegaría la Ley de Ajuste Agrícola, parte del New Deal, pagándole al farmer por estabilizar los precios durante la gran depresión ¿Subsidios? Esto es otra historia. ¿Será necesario recuperar el pensamiento agrario argentino?

Ernesto Mattos, economista UBA, docente UNDAV/UNPAZ/UNLa y director del Pro.In.Gra de la FCE-UBA

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