3 de enero 2002 - 00:00

Urgen políticas de acción para el sector agropecuario

Urgen políticas de acción para el sector agropecuario
El sector agropecuario se enfrenta, en estos días, a un tiempo de dificultades que exigen al sector público acciones rápidas y eficientes. Ya hace más de una semana que los mercados granarios no operan. Desde el gobierno, se debe trabajar contrarreloj para resolver este tema, que excede lo meramente agropecuario, pero que impacta directamente en el sector que más divisas generó, genera y generará para nuestro país. Si el campo exporta en dólares, debe seguir cobrando en dólares billete.

La incertidumbre sobre el tipo de cambio, la liquidación de divisas y la política monetaria han frenado también todas las operaciones internas, venta de productos (trigo, principalmente), la compra de insumos, hasta las contrataciones de servicios. Más allá de las medidas que se anuncien, es importante que el sector defienda lo suyo, lo genuinamente suyo. El gobierno debe ser consciente del aporte que la cadena agroindustrial ofrece a la economía argentina y, por ello, debe mantener el reconocimiento histórico dado en los '90.

Retenciones

En este sentido, es fundamental que se dejen atrás viejos fantasmas, como los de las retenciones a las exportaciones, que durante 30 años frenaron al campo y cuya eliminación generó el despegue de nuestra agricultura en la última década. Un despegue no menor, de 40 millones de toneladas a casi 70 millones de toneladas de granos y otros productos.

Defender lo suyo es no aceptar «políticas de Estado» de precios diferenciales (retenciones, imposiciones distorsivas, tipos de cambio diferenciales --comercial y financiero-, tasa de interés altísimas y cualquier otro tipo de regulación o «intervención» burocrática de los mercados).

Volviendo a lo inmediato, se debe buscar restablecer el normal funcionamiento de los mercados y la cadena de pagos; es urgente. Es una priori-dad y obligación de la gestión pública agropecuaria que, en el corto plazo, 60 días, se resuelvan los problemas de endeudamiento y financiamiento del sector.

Al mismo tiempo, se deben encarar gestiones con las empresas proveedoras e importadoras de insumos y los bancos para acelerar la puesta en marcha de los créditos de la próxima campaña.

A diferencia de otros sectores de la economía, el campo y la producción de alimentos no nos encuentra con las manos vacías. Por ejemplo, las estimaciones de producción de granos indican que podrían superarse los 67 millones de toneladas de la campaña pasada. Es nuestro deber, como argentinos, que este esfuerzo productivo sea reconocido y se potencie como en una fuente de riqueza para el sector y recuperación argentina.

Por ello, quiero destacar que el gobierno debe mantener los planes de competitividad, cumplir con las leyes especiales (forestal, pesca, lanas, etc.) y generar nuevas herramientas que sustenten el crecimiento del sector para rápida reactivación de la economía. También, por este motivo, considero muy importante el rol del Instituto Nacional de Semillas (ahora Dirección, INASE), el SENASA y el INTA como garantes de una política sanitaria y de la investigación científica y biotecnológica, todos acordes con las demandas de los mercados más exigentes.

La reaparición de la aftosa, que fue un duro golpe para nuestro sistema sanitario y para el sector de ganados y carnes, nos hizo retroceder a los peores años de la ganadería argentina. La sanidad animal debe ser una prioridad, pero no la única. En los últimos trimestres de 2001, se ha trabajado duro para revertir esta situación, pero en 2002 se deben multiplicar los esfuerzos para la erradicación definitiva de los focos. El esfuerzo debe ser de todos, los productores y el Estado. De nada sirven las políticas de la chequera fácil. Este tema, el de la aftosa, se debe resolver cuanto antes para recuperar los mercados perdidos. La sanidad vegetal también es fundamental, no se pueden ocultar los problemas sanitarios, se pierden mercados y, lo que es peor, se pierde confianza y credibilidad en el mundo.

Mientras se trabaja como un bombero para resolver los problemas de corto plazo, se debe, además, elaborar un plan de acción a 2 años y pergeñar un plan estratégico internacional de largo plazo que ofrezca políticas seguras para el agro y la industria vinculada. Estas políticas serán la base para una nueva «revolución del agro»; sólo así, sin voluntarismos vacíos, el país podrá crecer en forma sustentable en lo productivo y agregando valor en lo industrial.

Rol esencial

Pensemos qué distinta sería la realidad del país si el campo pudiera superar los 9.000 millones de exportaciones en productos agroalimentarios que se generaron en 2001, y que constituye uno de los principales aportes de divisas genuinas al país. Debemos estar convencidos de que ante la disminución de inversiones directas del exterior, el rol de la exportación será esencial.

Debemos generar las políticas que promuevan tanto la producción como la exportación, de productos primarios y elaborados, que faciliten la inversión en investigación, tecnología e infraestructura y que logren un marco de estabilidad y previsibilidad para el desarrollo de la actividad; sólo así podremos cambiar el rumbo de nuestro país y volver a instalar la esperanza en un futuro próspero para el campo argentino.

Es condición necesaria que la conducción pública agropecuaria tenga una clara visón estratégica, un conocimiento sistémico de las cadenas de valor, que se inspire en el interés general, que pueda observar los hechos sin mezquindades subsectoriales, que sepa ver los cambios globales e institucionales, que razone como un científico y que sea sagaz como un buen político y actuar rápido en la micro para aprovechar las oportunidades comerciales, tanto para los productos pampeanos, como los ofrecidos por las economías regionales.

Y es condición suficiente reconocer que el campo es patrimonio nacional y sólo se defiende con firmeza para no abandonar el principios básico que lo sustenta: de libertad de mercados, sin regulaciones caprichosas, arbitrarias.

La excepción está en mantener o ampliar las políticas «activas» de ayuda al pequeño productor en situación de pobreza, principalmente del NEA, NOA y la Patagonia.


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