Economía

Demanda contra el cupón PBI en NY: nueva amenaza complica más a la Argentina

El reclamo se suma al del fondo buitre Aurelius. La jueza Loretta Preska tendrá que decidir antes que termine el año si habilita el juicio o toma la posición del país de justificar la intervención del INDEC.

Un nuevo problema de deuda amenaza al Gobierno que sea electo el próximo domingo: ante el segundo proceso de renegociación de los vencimientos de títulos públicos para el período 2020-2024, varios tenedores de estos papeles comienzan a acelerar presentaciones judiciales de la deuda emitida en 2005 para salir del default. En especial, en el caso del cupón PBI y dentro de la causa que lleva adelante el juzgado de Loretta Preska en Nueva York iniciada por el fondo buitre Aurelius, por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013. Ayer fue un sorpresivo tenedor de esta deuda, la sociedad uruguaya Novoriver SA, quien posee u$s181 millones en inversiones de esos bonos atados al crecimiento de la actividad económica del país; y que, se supone, representan a un grupo de inversionistas que buscan algún rédito en el caso. La especulación generalizada es que hay además muchos operadores del sistema financiero tomando posiciones tanto en el Cupón como en el bono Par, a la espera del llamado a reperfilamiento de deuda, y esperando si estos papeles se incluirán o no en la negociación. En el caso en que suceda, esperan presentarse en el mismo juzgado para denunciar que se estaría reprogramando el pago de una deuda ya reprogramada, con lo que el daño (en el caso del Cupón PBI) sería doble. Y la demanda también. La jueza Preska, que ya abrió el proceso en febrero de este año, deberá resolver antes de fin de año si avanza o no con el caso; y si llama a sumar nuevos tenedores de deuda que también se sientan perjudicados. Es en este marco que Novoriver se adelanta para que se la sume al reclamo de Aurelius. La cifra en dólares del eventual reclamo provoca escalofríos: ante un eventual fallo en contra, podrían considerarse perjudicados tenedores por más de u$s5.000 millones de dólares. La buena noticia es que el caso recién empieza y podría demandar varios años hasta una resolución final en los tribunales de los Estados Unidos.

Según explicó el analista de FinGuru Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PIB. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.

La causa, para la Argentina, puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, en la última parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.

La Argentina presentó su defensa el 3 de julio pasado, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. El Gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el INDEC, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril den 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país contratados por la procuración del Tesoro, aseguraron ante la Justicia norteamericana que el Gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014.

Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por la Lava Jato.

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