Quieren parar el fútbol

Como consecuencia de los últimos disturbios registrados el fin de semana en diversos estadios, el juez federal Gustavo Literas estudia la posibilidad de suspender «por tiempo indefinido» los campeonatos organizados por la AFA en sus todas sus categorías.

La presentación fue realizada ayer por el abogado Eduardo Guarna, quien también denunció al presidente de la AFA, Julio Grondona; al ministro del Interior, Federico Storani, y al ministro de Seguridad Bonaerense, Ramón Verón, por «no evitar» los incidentes, y por «incumplimiento de los deberes de funcionario público». El objetivo de Guarna es que la Justicia suspenda, como medida preventiva, el fútbol argentino en todas sus categorías «hasta tanto no se elabore una política de seguridad deportiva ejecutable». La presentación judicial se dio como consecuencia de los hechos de violencia que se registraron el fin de semana en el partido entre Almirante Brown-Morón, donde murió un joven de 17 años, y en el clásico entre Racing-Independiente.

Según el abogado, Grondona, Storani y Verón incurrieron en los delitos de «daño, lesiones, homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario público», porque a pesar de que los hinchas de Racing e Independiente se habían amenazado de muerte en la semana, no tomaron ninguna medida para evitar incidentes. Además Guarna acusó a Storani y Verón de «no evitar» en el transcurso del año que se eleve el número de «las víctimas del fútbol y el daño de los bienes de particulares».

En tanto, el diputado justicialista Daniel Scioli le solicitó a Fernando de la Rúa la habilitación, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, del proyecto de ley de su autoría tendiente a incrementar las penas y restringir el régimen de excarcelación para los delitos cometidos en espectáculos públicos. Scioli destacó que la ley conocida como «De la Rúa» ha sido muy conveniente para el momento de su sanción, pero es necesaria su adecuación a los tiempos de hoy. Al respecto, señaló que el Presidente ha expresado públicamente la necesidad de actualizar dicha norma para lograr una mayor eficacia en el combate a la violencia.