La jueza en lo Civil Silvia Caviglia ratificó su postura de «no innovar» y volvió a impedir que la dirigencia de San Lorenzo pase a manos privadas diversas áreas del club, tal como se aprobó en una tumultuosa Asamblea que realizó en la entidad en noviembre.
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El dirigente opositor Alberto Barilari, quien votó en contra del gerenciamiento de la entidad a manos de la empresa suiza ISL, confirmó el fallo judicial, el segundo que toma la magistrada en pocos días. Caviglia impuso otra vez la medida de «no innovar», es decir que no se podrá avanzar en nada de lo tratado en la Asamblea de noviembre, que finalizó con una violenta represión policial a los hinchas y socios que manifestaron fuera del estadio en contra de la avanzada privatizadora.
La resolución perjudica al presidente Fernando Miele, principal impulsor del gerenciamiento, quien ahora puede apelar la medida a otra instancia judicial para lograr que ISL se haga cargo del club.
«La jueza falló por segunda vez en contra de las aspiraciones del oficialismo, y lo hizo tras la apelación que presentó la gente de Miele, que fue pormenorizado y respaldado por abogados de gran renombre», destacó Barilari.
Luego de la Asamblea, el socio Ricardo González hizo una presentación judicial para anular lo aprobado en la Asamblea y la causa cayó en el Juzgado Número 96, a cargo de Caviglia. El 6 de diciembre la jueza dictó la medida de «no innovar» y se frenó el proceso privatizador, contrato que incluye el gerenciamiento de parte de ISL de todo lo relacionado con la imagen de San Lorenzo. El oficialismo apeló la decisión de la magistrada y ayer Caviglia ratificó su determinación inicial hasta tanto se resuelva «la cuestión de fondo», que es saber si se cometieron irregularidades en la asamblea.
«Ahora el oficialismo insistirá con la apelación en la Cámara de Apelaciones para que revise lo actuado por la jueza de primera instancia, pero tenemos la feria judicial encima así que esto se extenderá hasta bien entrado 2001», pronosticó Barilari. El directivo de la oposición ponderó la «independencia» de la jueza, que en un primer momento tuvo un fallo a favor del oficialismo.
La Asamblea, realizada en la sede del club, fue fiscalizada por dos funcionarios de la Inspección General de Justicia, quienes informaron que la reunión se realizó «en medio de un gran desorden». El grupo suizo ISL realizó una oferta de 13 millones de pesos para hacerse cargo de los derechos de televisión, imágenes y merchandising del club durante 10 años. La oposición cuestiona los puntos principales del acuerdo y asegura que es el paso previo a una «entrega total» de San Lorenzo a manos privadas.
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