Diputados: con críticas hacia la oposición, el Gobierno reclamó por la nueva moratoria previsional

“Pedimos que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto y así de esa manera, el oficialismo, como funciona en democracia, intente juntar los votos necesarios para tener una ley que es imprescindible para 800.000 personas”, dijo la funcionaria camporista.

reclamo. La jefa de la ANSeS, Fernanda Raverta, insistió con argumentos por la nueva moratoria previsional. Se hizo una -extraña- reunión de comisión en Diputados, que fue informativa, ya que el tema cuenta con dictámenes.

La jefa de la ANSeS, Fernanda Raverta, asistió ayer a la comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados y reclamó por la ley que activa una nueva moratoria jubilatoria, proyecto aprobado el año pasado por el cristinismo en el Senado y trabado los últimos meses en la Cámara baja.

“Pedimos que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto y así de esa manera, el oficialismo, como funciona en democracia, intente juntar los votos necesarios para tener una ley que entendemos como Gobierno que es imprescindible para que 800.000 personas puedan acceder a una jubilación durante este año”, manifestó Raverta.

Anteayer, la funcionaria dijo en declaraciones a Radio 10 que el camino correcto es una ley, debido a la dificultosa opción de un DNU. “Es algo que estamos evaluando, aunque no es sencillo hacerlo por decreto”, señaló. Este tema es reclamado también desde hace mucho tiempo por la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau.

Un detalle de la ley kirchnerista es que da luz verde a un permiso para que menos de un millón de trabajadores en actividad puedan adelantar cuotas y lleguen, al momento de retirarse, sin deudas previsionales. En el Senado, el proyecto fue avalado por la peronista anti-K de Córdoba Alejandra Vigo, lo que aumentaba las chances de sanción en Diputados. Sin embargo, los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti se sumaron a las quejas opositoras por el juicio político contra la Corte Suprema y la iniciativa volvió a frenarse.

En la Cámara baja, un sector de Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría para rechazar la moratoria y, en cambio, ofrecer prestaciones en relación con los años de aportes realizados. El año pasado, Moreau se reunió con Raverta y alertó: “Sólo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse”.

De acuerdo a un informe que realizó la ANSeS, las 800.000 personas que se verían perjudicadas se distribuirían en las siguientes provincias: 268.000 en Buenos Aires; 91.000 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54.000 en Córdoba; 48.000 en Santa Fe; 29.000 en Mendoza; 23.000 en Tucumán; 22.000 en Misiones; 22.000 en Chaco; 21.000 en Salta y 21.000 en Corrientes.

También se afectaría a 17.000 personas en Entre Ríos; 17.000 en Formosa; 15.000 en Santiago del Estero; 10.000 en Jujuy; 10.000 en San Juan; 10.000 en Chubut; 10.000 en Neuquén; 10.000 en Río Negro; 9.000 en Santa Cruz; 8.000 en San Luis; 4.000 en La Pampa; 4.000 en La Rioja; 4.000 en Catamarca y 2.000 en Tierra del Fuego.

En la comisión también disertó la titular de la comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA), Silvana Capece, quien resaltó: “Tenemos un bache jurídico fáctico en el cual hombres y mujeres que han llegado a la edad jubilatoria no van a poder acceder. Es importante que este proyecto se debata y salga. Es obligación del Estado que esto suceda”.

Meses atrás, la Oficina de Presupuesto del Congreso dejó claro en un informe: “Se estima que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería del 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año al 0,42% del PBI”. Es decir, muy alejado de lo expuesto y defendido en el Senado por la cristinista Juliana di Tullio, quien empujó la iniciativa de manera exprés.