Abren más la competencia en el negocio del correo

La Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor (SDCC) y la de Comunicaciones tendrán listo en dos semanas el proyecto de marco regulatorio para la actividad postal, una de las piedras en el camino por sortear para la fusión entre el Correo Argentino y OCA.

Para la aprobación de esa unión habrá que esperar un poco más: según cálculos surgidos de la propia cartera económica -que de alguna manera entrarían en contradicción con manifestaciones de su titular, José Luis Machinea-, el dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) se expediría a mediados del mes próximo.

En declaraciones periodísticas, Machinea aseguró que todo el trámite estaría listo antes de fin de enero.

Aprobación

En el trámite de la fusión, la CDC (organismo que dirige Diego Petrocolla pero que depende orgánicamente de Winograd) aprobaría entre hoy y mañana el formulario N° 2 presentado la semana pasada por Correo Argentino.

A partir de la aprobación, la Comisión tendrá alrededor de tres semanas (o 18 días hábiles) para expedirse, plazo que se cumpliría en los primeros días de febrero.

Después, podría pasar una semana más antes de que el Ministerio de Economía homologue la decisión de la CDC, e incluso se especulaba que debería darse intervención a la Comisión Bicameral sobre Privatizaciones del Congreso, que preside el santafesino Alberto Natale.

Es obvio, entonces, que la promesa hecha por Machinea el último fin de semana será de difícil cumplimiento, a pesar de que en el equipo económico hubo bastante molestia por declaraciones del empresario Juan Navarro, quien les atribuía «excesiva lentitud en el trámite» y prometía levantar inversiones en la Argentina y llevárselas a Brasil.

Para acelerar un poco más el trámite en lo que hace al marco, se estudia evitar la audiencia pública y someterlo a consideración de las partes interesadas a través de lo que se denomina «documento de consulta».

De acuerdo con los cálculos del Palacio de Hacienda, la audiencia (entre convocatoria, concreción y trámites posteriores) demandaría unos 40 días, contra los 15 días que insumiría la consulta del documento.

Según pudo averiguar este diario, la base para el futuro marco regulatorio será el dictamen que emitió la SDCC a mediados de diciembre, cuestionando muchos de los artículos incluidos en el denominado «proyecto Gallo», dado que su autoría era atribuida al ex ministro de Obras Públicas.

Encargo

Si bien el dictamen que emitirá el organismo que pilotea Carlos Winograd no tiene carácter «vinculante», se sabe que el ministro José Luis Machinea le encargó el trabajo a ese funcionario con la esperanza de que le resuelva el problema.

A continuación, algunos de los aspectos que contendrá el futuro reglamento que están elaborando en conjunto los equipos de Winograd y del secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar:

*Se permitirá la «autoprestación»; las empresas podrán tener correos internos por los cuales autoenviarse paquetes, cartas y correspondencia interna en general.

*Para tratar de recortar la creciente importancia que tienen en el sector los correos «truchos», se impondrá la «corresponsabilidad» entre el prestador y los usuarios.

Se creará un registro de correos y los usuarios deberán comprobar si la empresa que contratan está inscripta en el mismo.

*Se permitirán los «redespachos», lo que significa que se podrán utilizar las redes de correos más chicos o regionales, y no sólo las «troncales» de los prestadores nacionales a fin de crear redes de prestadores y fomentar la competencia.

*No habrá número mínimo de vehículos, personal y/o sucursales para poder prestar todos los servicios postales. La habilitación, en cambio, se producirá a través de la certificación ISO 9001.

*Se mantendrá para el Correo Argentino la obligación de brindar los siete servicios básicos previstos en el pliego de concesión (servicio universal, comunicaciones fehacientes, servicio electoral cuando se le solicite, encomiendas, emisión de estampillas, telegrafía, telegramas para ciegos).

*Se permitirán modalidades laborales más flexibles que las que rigen hoy para la actividad y, sobre todo, para el Correo.

*En general, el reglamento tenderá a ser libérrimo; el argumento que se utilizaría para la amplia apertura del sector es que «cuantas más barreras se construyen, más se favorece la aparición de prestadores informales».

La SDCC había calificado como «demasiado restrictivo» el proyecto anterior.

Entre las objeciones que le planteaba Winograd se incluían justamente las excesivas obligaciones que se les imponían a los aspirantes a una licencia «de máxima calificación» (la que permite acceder a brindar los servicios postales más rentables) en rubros como número mínimo de empleados, sucursales, equipamiento y medios de transporte.

De acuerdo con el proyecto de marco regulatorio anterior -que a esta altura es poco menos que letra muerta-, el prestador debía tener 2.000 empleados, 200 sucursales exclusivas y 300 unidades para transporte de correspondencia para ser incluido en la máxima categoría.

Restrictivo

«La SDCC considera que no existen argumentos económicos sólidos que sustenten esas barreras a la competencia», agrega el informe del organismo en relación a las categorías que quería crear el «proyecto Gallo», que dividía los servicios postales en «generales», «especiales» y «expreso».

Califican en la SDCC como de «innecesariamente restrictiva» la obligación de que todo operador postal realice el transporte terrestre y entrega de envíos con vehículos afectados de manera exclusiva a esa actividad.

Lo mismo se aplicaría al canon que se fijaba en el proyecto anterior para el prestador de máxima calificación: «Dos millones anuales o u$s 200.000 mensuales puede resultar excesivamente restrictivo.

Debería contarse con información sobre la facturación de los actuales prestadores para determinar su racionalidad o su recálculo», dice el informe.

Es obvio que el marco no incluirá ninguna de estas restricciones para los entrantes o existentes «chicos».

El informe indica que hay varias formas de regular cuando existe un monopolio natural integrado de manera vertical (sería el caso del Correo Argentino fusionado con OCA), pero afirma que la más apropiada para el caso argentino sería «introducir competencia en los segmentos competitivos, regulando el acceso de los entrantes en los segmentos de monopolio natural».

En otras palabras, quienes aspiren a pelearle el negocio al Correo podrán hacerlo en aquellos sectores en los que no existe monopolio natural (el servicio básico) pero sí en el resto.

Asimismo, se permitirán -de imponerse el criterio de Winograd-modalidades de empleo más flexibles que las que rigen hoy la actividad.

Las normas laborales rígidas, que según el informe impedirían modalidades contractuales más modernas y menos sujetas a cargas impositivas, «podrían resultar en una menor demanda de empleo, y no parece apropiado que el marco regulatorio del sector defina normas laborales específicas».

Cabe recordar que uno de los argumentos de los accionistas del Correo Argentino para justificar su déficit operativo es justamente la falta de equidad entre el convenio que están obligados a aplicar por ley -que según una promesa del entonces presidente Carlos Menem sería modificado-y las reglas con las que se mueven sus competidores legales.

Ni hablar, desde ya, de los numerosos correos «truchos» que tienen a la totalidad de su personal en negro.