San Luis - El gobierno solicitó autorización a la Legislatura, para acceder a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que volcará a obras de infraestructura y acciones de fortalecimiento del Estado.
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El proyecto de ley por el cual la gobernadora Alicia Lemme pide la habilitación para tomar el crédito de 50 millones de dólares se encuentra en la actualidad en la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados a la espera del dictamen.
«La provincia ya tiene el visto bueno del BID y la Nación», afirmó la coordinadora fiscal Alicia Victorero de Ros, y dijo, en su condición de jefa del equipo oficial sanluiseño encargado de las gestiones, que «no hemos recibido objeción alguna, lógicamente estamos a la espera de la aprobación definitiva una vez que cumplamos con el trámite legislativo».
La funcionaria fue más allá y señaló que «ya hemos recibido una nota del BID avanzando en las gestiones».
La administración Lemme tiene desde el vamos el aval parlamentario asegurado porque reúne tanto en Diputados como en Senadores la mayoría calificada necesaria para obtener el empréstito. La funcionaria señaló que mientras se sancionara la ley «el gobierno sigue trabajando en conexión con el BID para que envíen las misiones».
Con estos fondos la provincia se propone llevar adelante un «programa de apoyo técnico y financiero a los planes de inversión de la provincia» que contempla una serie de obras de infraestructura productiva y social y acciones de modernización del Estado. Por ejemplo: la autopista sobre la Ruta Nº 148, el plan de colonización «pioneros Siglo XXI», el equipamiento de la futura universidad provincial y la autopista de la información. Tiene previsto endeudarse para financiar proyectos de inversión, es decir gastos de capital. El gobierno sólo puede hacer uso del crédito para ello porque se lo impone la Ley de Solvencia Fiscal (en San Luis se denomina «Ley Permanente de Presupuesto»). Esta norma es la que fija las pautas y limitaciones legales al endeudamiento, justamente bajo estas reglas es que la provincia apela al organismo multilateral.
Se trata de un préstamo a 20 años de plazo, con cinco años de gracia, que se amortizará en cuotas semestrales a una tasa internacional blanda de aproximadamente 6 por ciento, si se toma valores de este momento.
La provincia se obliga a constituir como garantía solidaria para afianzar el reembolso del capital y los servicios de intereses, la coparticipación federal.
«El interés se aplica sobre monto efectivamente recibido», explicó la funcionaria y señaló que «planificamos para contar con los recursos en 2003».
El gobierno tiene, por lo menos, dos cartas de presentación para recurrir al BID:
1) La administración sanluiseña posee «deuda cero», no tiene deuda pública ni privada fruto de la compensación que hizo el año pasado con el gobierno nacional en noviembre de 2001. 2) Tiene reservas por 234 millones de dólares por las cuales inició una demanda que se tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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