11/6: el primer día del fin del acuerdo (o cómo se llegó al 54,8 de VPN final)

Economía

Las negociaciones fueron vía teleconferencia aunque, de acuerdo a los testigos, hubo mala calidad. Enfrente estaban representantes de BlackRock, Gramercy, VR, Monarch y otros tres fondos.

El 11 de julio de 2020. Ese fue el día que por primera vez, y de manera clara, se mencionó la posibilidad cierta de un acuerdo con los tenedores de deuda con bonos emitidos bajo legislación internacional; si el gobierno de Alberto Fernández ofrecía un Valor Presente Neto (VPN) cercano a los 55 dólares. Eran momentos en que las negociaciones estaban estancadas, que la relación entre los tres grupos de representantes de los fondos de inversión tenedores de la deuda se encontraban trabadas y que se pensaba seriamente, tanto en Buenos Aires y en Nueva York, en la posibilidad de un default del país por muchos años. Y donde de manera paralela se tendían puentes entre los acreedores y funcionarios y referentes políticos nacionales de diferentes importancia y cercanía con Alberto Fernández; para intentar lograr retomar el dialogo.

Como dicta la época en que se vivieron y viven las negociaciones sobre la deuda, todo fue vía teleconferencia. Y, según cuentan los testigos, con mala calidad. Desde Nueva York se ubicaban en sus escritorios los representantes de fondos como BlackRock, Gramercy, VR, Monarch y otros tres fondos. Representaban el abanico de todos los acreedores, tanto tenedores de deuda emitida durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (canjes 2005 y 2010), como los lanzados desde 2016 en adelante. Hacía horas que los fondos más friendely (Greylock y Fintech) se habían separado del Comité de Acreedores, y este grupo, junco con el Ad Hoc (BlackRock y el resto de los duros) y Exchange Bondholders (deuda kirchnerista); habían comenzado a cerrar posiciones y a mostrarse como un único frente sólido. Y, como novedad para los argentinos, también se ubicaba el abogado mexicano Gerardo Rodríguez Regordosa; alguien que, pese a la tormenta del mal dialogo inicial con Martín Guzmán y su posterior reemplazo por la directora de BlackRock Jennnifel O'Neil, nunca se retiró de las negociaciones. Ese día, y de manera visiblemente tranquila, volvía a estar en las discusiones. Desde Buenos Aires escuchaba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; uno de los referentes argentinos que siempre fueron buscados desde Nueva York para que estableciera puentes negociadores directos con el presidente Alberto Fernández. Con autorización del jefe de Estado, Massa habló con los bonistas nuevamente ese 11 de julio. Sin mayores preámbulos, los bonistas criticaron a Guzmán y sus métodos y se quejaron de los métodos negociadores del ministro de Economía. Hablaron de la posibilidad de dejar de negociar con el titular del Palacio de Hacienda y se pidió más intervención del banco Lazard en la discusión; la entidad contratada por el país para acercar a las partes. Y se le deslizó a Massa que sea él quién tomara las riendas desde Buenos Aires. Y, en ese marco, se lanzó por primera vez sobre la mesa el dato clave: "en 55 cerramos. Convenza a su Presidente". Massa, tomó nota, y una vez cerrada la teleconferencia, le transmitió el mensaje al jefe de Estado. Pero antes les dejó en claro a sus interlocutores que la vía para continuar las negociaciones seguiría siendo, hasta el final, la del ministerio de Economía y los funcionarios de Martín Guzmán.

El dato importante de aquella jornada fue que el Presidente, por primera vez, conoció de manera directa cual era el punto de equilibrio final al que estaban dispuestos a negociar, y cerrar, los acreedores.

Los días pasaron, los representantes de los tres grupos de bonistas volvieron a hablar con Guzmán con cierta normalidad, y el viernes 31 de agosto sabía el ministerio de Economía que la oferta, en ese momento final, del 53 no llegaría al 40% de aceptación. El 3 de de agosto vencía el plazo para llegar a un acuerdo y el tiempo corría veloz. El sábado primero de agosto, llegó una nueva comunicación desde Nueva York. “We are working for a compromise at 54,9”. Muy conforme, pero sin triunfalismo, uno de los principales negociadores contratados por uno de los tres grupos que representaban a los acreedores, le confirmaba a este diario que los bonistas le presentarán a la Argentina su decisión de volver a negociar “de buena fe”. Y sobre una oferta concreta y definitiva para cerrar el acuerdo. Para ese tiempo, Alberto Fernández y Guzmán, con los resultados de la finalmente anteúltima oferta sobre la mesa, ya hablaban sobre un acuerdo. "No vamos a ser el gobierno del default", le decía el Presidente a su ministro. Fue entonces que aquel porcentaje del 11 de julio volvía a tener vigencia.

La fórmula estaba armada sin mucha sofisticación; y, básicamente, partiendo las diferencias financieras entre las dos partes. Según la fórmula aún en elaboración, la intención es cortar las puntas entre el 53 que proponía el Gobierno de Alberto Fernández y el 56 de la última propuesta aún vigente de los acreedores. El porcentaje final de VPN de la deuda sería un equilibrado (levemente inclinado hacia el costado acreedor) 54,9. A ese número se llegaría con un mix de incremento en los pagos por parte del país de unos u$s130 millones anuales en el período 2020/ 2030; y entre 40 y 50 millones entre 2020 y 2024, dependiendo de la combinación de bonos que se tome. Reclamarán además que el Gobierno prorrogue el “anabólico” del bono 2030, pero que tome en cuenta una tasa de interés superior al 1% en dólares y 0,5% en euros que ofreció la última, y fallida, oferta de Martín Guzmán, asumiendo que tampoco se aplicaría la intención de los bonistas era una tasa de 4,9%.Según la visión de los acreedores, este podría ser el mayor aporte desde los fondos de inversión para acelerar el acuerdo final. Los números del Excel del negociador que habló este fin de semana con este medio, de profesión abogado, es que al país la mejora que reclamarán los acreedores le costaría un 0,05% del PBI de los próximos 10 años. “Peanuts”, opina la fuente.

Sobre la cuestión legales, ya había acuerdo. Los acreedores estaban dispuestos a discutir nuevamente el concepto de “acreedores privilegiados” y, ahora sí, dejarse calificar de esa manera si esto ayuda a destrabar las negociaciones. Esto implicaría que las “cláusulas de reasignación” quedarían delegadas sólo a los inversores particulares. Mientras que, si se llega a un acuerdo, BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Management, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus -entre aproximadamente otros 80 tenedores de deuda-, serían considerados como exentos de la primera calificación y, en consecuencia, liberados de eventuales reasignaciones según las fórmulas de Guzmán. Se convertirían así en VIP, por encima de los particulares en general (salvo personas con mucho volumen de deuda argentina) y de los fondos menores en litigio. Todos estos podrían luego ser derivados a una escala de bonos según los criterios de Economía.

Ese sábado, los acreedores le enviaron al gobierno un guiño final; que ayudó a que se acelerara el acuerdo final. “Siempre dijimos que el ganador al final será el Gobierno argentino, y que nuestra actitud nunca será triunfalista. Apostamos por un país para que nos paguen 100% de los papeles más intereses, y estamos negociando un 54,9%. No tiene nada de exitosa esta inversión para nosotros”, aseguraba, hábil, un negociador con llegada a Olivos. Ellos ya habían ganado al haberle demostrado a Guzmán que era fallida su proyección de que los tres grupos no representaban más del 35% de los bonistas, y que la oferta oficial podría convencer al 50% de los acreedores. Esta idea había sido expresada por funcionarios argentinos ante el banco intermediario Lazard, luego que los tres grupos hayan sorprendido mostrando su unión y presentando su -hasta ese momento- última propuesta; con un comunicado oficial donde aseguraban que ostentaban a la mitad de todos los acreedores. Por esto, los resultados del viernes 31 de julio, para los bonistas, fueron una demostración de plena de fortaleza en las negociaciones. La consideración es que ahora sí queda claro que sólo con el acuerdo con la alianza de los tres grupos de bonistas habría pacto. Y que la negociación debería ser con todos, ya que -otras de las cuestiones que quedó clara el viernes- el acuerdo entre los representantes de los bonistas es sólida e inquebrantable.

Dividir la cooperativa del Ad Hoc, Exchange y el Comité fue una de las estrategias desplegada por Guzmán y sus negociadores; evidentemente sin éxito. La coordinación entre el Ad Hoc y Exchange primero, a la que luego se sumó el Comité, funcionó siempre a la perfección, fruto del profesionalismo extremo (al menos para embestir contra Argentina) de Jennifer O’Neil, contratada por BlackRock y Dennis Hranitzky, de Exchange Bonholders. El último intento de dividir la posición de los acreedores fue cuando en la primera semana de julio, desde Buenos Aires se anunció que el Comité de Acreedores, donde teóricamente militaba una gran parte de fondos de inversión friendly, estaban ya a punto de sumarse al canje. La respuesta del grupo fue anunciar que Greylock y Fintech ya no formaban parte de él, y que se unían a Ad Hoc y Exchange.

La fuente insistia en la prudencia. “No nos verá contestarle ni a Stiglitz ni a sus funcionarios. Nosotros queremos negociar y terminar este desagradable problema”, afirmaba la fuente que habló con este diario. Estaba haciendo referencia a las últimas declaraciones de Joseph Stiglitz que calificó como “recalcitrantes, miopes, testarudos y de corazón duro” a los grupos de acreedores que rechazan la oferta de Argentina. También a la afirmación de que la unión de los tres grupos de bonistas en un solo frente representaba una “cartelización”. El representante de los bonista, con dialogo con Buenos Aires, insistía una vez más. "Llegado el acuerdo, desde nuestro lado sólo habrá comunicados de aceptación y agradecimiento. El resto de la épica la manejarán desde Argentina, sin que nosotros intervengamos".

Finalmente, entre el lunes 3 y el martes 4 de agosto, Alberto Fernández tomaría una decisión de estado. Argentina llevaría su oferta final al 54,8%. Se había impuesto que no fuera el 54.9%, y que la última palabra sea la de Olivos. Pero había decidido que el país no caería en default. O había hablado con Cristina Fernández de Kirchner, con la que había llegado al acuerdo político final. El fin de semana, Guzmán ya había hablado con los acreedores y sabía que en ese términos habría fumata blanca. El martes Guzmán comenzó su día visitando a la vicepresidente, y luego se dirigió a Olivos. A las 16 horas el mercado ya sabía que habría acuerdo final y que el país saldría formalmente el 4 de septiembre del default; luego de presentarse una aceptación del 93,5%, que, a través de las CACs, llegaría al 99%. Para Argentina se iniciaba una nueva etapa en su historia económica.

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