Acrobacia olímpica de gremios

Los gremios aéreos que apoyan la reestatización de Aerolíneas Argentinas y de Austral consiguieron la eliminación de la cláusula que preveía la eventual reprivatización de las compañías, una vez completado su saneamiento. Esta victoria, sin embargo, sorprende a quienes siguieron de cerca todo el proceso, que comenzó a mediados de 2001 con la adjudicación al Grupo Marsans de Aerolíneas y Austral y que culminó con la virtual expropiación de ambas compañías. Es que algunos de los sindicatos que hoy apoyan la iniciativa del ministro Julio De Vido y del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, trabajaron codo a codo con el grupo español hasta que el gobierno decidió poner fin a su gestión.

¿Por qué este cambio? A pesar de que los líderes de AAA (tripulantes de cabina), APA (personal de tierra) y UPSA (personal superior) dicen que apoyan el proyecto oficial porque la actividad aérea es estratégica para el país, la única verdad es que lo hacen para mantener la fuente de trabajo de sus afiliados. Esos tres sindicatos harían lo imposible de ser necesario para que ni Aerolíneas ni Austral bajen la persiana, lo que implicaría el despido de cerca de 9.000 empleados.

Distinto es el caso de la cuartapata de la mesa sindical en la que se apoya la iniciativa de reestatización que trataría el Congreso mañana: APLA, el sindicato que agrupa a los pilotos de Aerolíneas Argentinas (no a los de Austral) trabajó este último lustro de cara a lograr la reestatización.

Lo que los separa de los otros tres gremios que apoyan el proyecto oficial es que los pilotos, si los despiden, pueden encontrar trabajo la semana siguiente en cualquier lugar del planeta. Obviamente, los auxiliares de a bordo, los changarines que manejan los equipajes, los contadores que llevan los libros de la empresa y las chicas que hacen el «check-in» en los mostradores de la aérea no están en la misma situación.

Por eso para AAA, APA y UPSA, el conflicto es una cuestión de vida o muerte, mientras para los pilotos se trata poco menos que de una batalla ideológica, que debería culminar con ellos manejando la compañía desde las áreas operativas, tal como sucedía cuando Aerolíneas Argentinas era estatal.

De hecho APA, UPSA y AAA mantuvieron un durísimo enfrentamiento con APLA durante todos los años en que Jaime ahogó a la aérea con tarifas congeladas al tiempo que trepaban los costos y el combustible septuplicaba su cotización internacional. Esos tres gremios, por entonces, acusaban a los comandantes de buscar hundir la compañía -lo dijeron en público y en privado más de una vez-; ahora, ante la posibilidad de que en el Congreso la ley corra la misma suerte que la Resolución 125 de retenciones móviles no tuvieron más remedio que unir fuerzas con sus enemigos de ayer.

Distinto es el caso de APTA (el gremio de los técnicos), cuyo secretario general, Ricardo Cirielli, sigue pidiendo una eventual reestatización de la compañía. El ex subsecretario de Transporte Aerocomercial difícilmente selle una alianza con sus antiguos camaradas de ruta, los pilotos: los separa la ilimitada, acrítica lealtad de éstos a Jaime, con quien Cirielli mantiene una dura querella personal.

Beneficiarios

Por ahora, los beneficiarios son los pasajeros, que en un mes vieron cómo la aérea volvía a exhibir guarismos razonables de puntualidad y cumplimiento de vuelos. Esto, a pesar de que el Estado aún no logró rehabilitar más que un puñado de aeronaves y que se les sigue debiendo a los principales proveedores.

¿Cuál es el cambio fundamental, entonces, desde que el gobierno entró en la administración de Aerolíneas?

Sencillo: los pilotos vuelan cuando y cuanto tienen que volar, algo que no hacían en los días en que la empresa era operada por Marsans.

Finalmente, quienes hablan de «no pagar la deuda» parecen ignorar que los acreedores no son oscuras cuevas ni proveedores inventados: YPF cargó el combustible; «leasors» como Pegassus, GECAS y otras alquilaron los aviones que hoy vuelan; las empresas de catering y proveedoras de entretenimiento a bordo alimentaron y exhibieron filmes a los pasajeros. Y, sobre todo, el Estado todavía no cobró impuestos y cargas sociales. ¿Se les puede decir alegremente que no se les pagará nada?