Roberto Lavagna disparó ahora contra las empresas constructoras, contratistas de obras públicas; en especial, las viales. Dijo ayer que forman un «cartel» para poder cobrar sobreprecios, lo que, además, según el ministro, estaría siendo investigado por el Banco Mundial, que habitualmente aporta el dinero para estos proyectos. El ministro dijo esto en un acto de la Cámara de la Construcción, delante de los supuestos cartelizados, que reaccionaron indignados ante la embestida oficial. Es probable que Lavagna tenga razón y que haya encontrado un sector que acuerda en bloque cómo participar en licitaciones, turnándose cada grupo para ganar en diferentes actos garantizándose mantenerse en actividad sin dejar entrar nuevos oferentes, salvo casos especiales. Sin embargo, cortar este tipo de maniobras parece algo utópico. No sólo hace décadas que en la Argentina ocurren estas operaciones de los contratistas públicos, en las que habitualmente se benefician grupos como Techint (que luego son respaldados para hacer negocios en Venezuela), sino que, además, no se trata de un problema privativo del país. Se sabe que es imposible que, por el caso, alguna empresa local pueda participar en alguna licitación de importancia en Brasil, en teoría el principal socio estratégico de la Argentina, a no ser que se asocie en minoría con un grupo de esa bandera. Lo mismo sucede en otros mercados más desarrollados. El grupo Macri, por caso, nunca pudo hacer pie en el mercado neoyorquino de la construcción, donde, pese a ofrecer buenos precios en algunos servicios y ganar licitaciones, sufrió persecuciones de la mafia que lo obligaron a desistir del intento de expansión. Entregó las licitaciones y en un año se fue. En Estados Unidos y en la Unión Europea, son siempre las grandes empresas de ese origen las que llevan adelante los proyectos más importantes, pese a los sobreprecios. Es entonces un problema mundial, del que la Argentina forma parte. En el país, además, se recuerdan casos en los que contratos directos transparentes eran operaciones más baratas para el erario que las licitaciones abiertas, pero luego eran suspendidas por jueces que perseguían por corrupción a los funcionarios que llevaban adelante las operaciones. La «licitación pública» en el Estado suele ser una parodia, pero la exigen los jueces, que nunca analizan el precio, sino la forma.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue duro ayer con los empresarios de la construcción, a quienes acusó de «cierto grado de cartelización», y recibió una fuerte respuesta por parte de éstos.
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También las cementeras quedan en la mira por estas sospechas respecto de los mecanismos de participación en obras públicas.
Los comentarios que se escuchaban ayer en los intervalos de las conferencias que se llevaron a cabo durante todo el día coincidían en que las declaraciones de Lavagna, además de ser una advertencia, tenían un trasfondo político. «No hacen más que ampliar la distancia que existe entre el ministerio que él encabeza y el de Planificación, de
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