La mayoría de los constitucionalistas, abogados y representantes y auditores de empresas radicadas en la Argentina se mostraron ayer contra la decisión del gobierno de firmar un acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la detección de grandes evasores. Según los constitucionalistas, la medida es ilegal porque viola el principio para el cual fue creado el organismo de inteligencia. Por su parte los representantes de las empresas manifestaron su temor por la aparición de maniobras de persecución y de potenciales extorsiones.
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Ayer la medida fue anunciada por el jefe de Gabinete,Alfredo Atanasof, quien justificó la participación de la SIDE en tareas impositivas donde «la evasión es tan alta que atenta contra cualquier programa económico a largo plazo»; con lo cual se necesitaría un trabajo «mancomunado» de los organismos del Estado para la lucha «contra el delito evasor».
Por su parte, el titular de la AFIP, Alberto Abad, negó que vayan «a meterse en la vida de un contribuyente». En concreto, el convenio apunta a la asistencia técnica e intercambio de información para detectar casos de evasión, contrabando y lavado de dinero.
Esta posibilidad fue rechazada de plano por los constitucionalistas. Según Gregorio Badeni, en diálogo con este diario, se estaría incurriendo en la teoría del «Fruto del Arbol Venenoso», o en la «obtención de pruebas de manera ilícita». Esto es porque se estaría violando el fin para el cual fue creada la SIDE ya que los datos que maneja este organismo «son secretos, porque sus funciones específicas están relacionadas con la preservación de la seguridad interna y externa de la República» y «el acceso a estos datos está limitado estrictamente a estos fines».
Para Badeni, los casos de evasión «no están relacionados con la preservación de la seguridad de la República», con lo que el cruzamiento de datos desde la SIDE hacia la AFIP sería ilegal. Según el constitucionalista, la SIDE no podría aportarle a la AFIP datos como los movimientos de bienes y grandes operaciones de dinero; ya que estaría «vulnerando la normativa que le impone el secreto del manejo de los datos».
La única manera que tendría la AFIP de llegar a esta información, siempre según la visión de Badeni, sería solicitando permiso al Poder Judicial. El constitucionalista afirmó, inclusive, que si un contribuyente es acusado de evasión por la AFIP a partir de la obtención de datos aportados por la SIDE, y aunque la acusación sea real, podría reclamar al juez la nulidad de todo lo actuado por la obtención ilícita de las pruebas e incluso plantearle un juicio al Estado por violación a la intimidad y a la propiedad privada.
•Modificación
Para Badeni la única manera de avanzar en esta medida sería modificar la ley que regula la SIDE, agregándole la función de control contra la evasión pero puntualizando que los datos que maneje serán públicos. Esta alternativa fue rechazada ayer por el propio Atanasof al reconocer el proyecto del gobierno. En la misma línea se manifestó ayer el constitucionalista Miguel Padilla, quien aseguró que esta medida «viola la intimidad de las personas».
Por su parte los representantes de las grandes empresas y los auditores que atienden a los principales 1.400 contribuyentes del país, que aportan 80% de la recaudación, también rechazaron la medida y mostraron su temor por su aplicación. Según la visión de estos asesores contables, que en su mayoría no quisieron dar su nombre, la utilización de los datos de la SIDE podría generarle a la AFIP el poder de persecución personal y una eventual posibilidad de extorsión; ya que el organismo de inteligencia contaría con datos sobre la situación privada de las personas, además de los datos contables y movimientos económicos. Aseguraron además que eventualmente recurrirían a la Justicia para denunciar este tipo de casos.
