Hay datos preocupantes de lo que está pasando con el trabajo en la Argentina y que son ignorados por el gobierno. De cada diez empleos que se crean, siete son en negro. Pero, además, muchos de los puestos en blanco, en realidad, son bajo una modalidad creciente: los contratos "en gris". Se define así a las personas que tienen una parte del salario registrada con todas sus cargas sociales y otra sin ningún comprobante, que recibe en efectivo. Lamentablemente, desde el Ministerio de Trabajo aún no se toma en cuenta que para combatir la informalidad se deben bajar, en primer lugar, los incentivos para estar en negro. Esto es, la enorme carga que hoy existe para contratar a una persona.
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Es también un error pensar que quien cobra en la economía clandestina cobra menos o está más desprotegido. Por lo pronto, en muchos casos, se cobra entre 20% y 30% más que los trabajadores registrados. A su vez, mantienen el Plan de Jefas y Jefes de Hogar que les brinda $ 150 y asistencia médica (Plan Remediar y Servicios Médicos). En la industria de la construcción, se da la paradoja citada, en donde un oficial que trabaja en negro cobra hasta 40% más que el formal y sigue beneficiado con los planes asistenciales, ya que, para los registros de dichos planes, la persona sigue desocupada.
Operar en la economía clan-destina es un deporte nacional, que además, en parte, tiene malos ejemplos en el Estado, en el que existe un número indeterminado de empleados públicos disfrazados de personal contratado, sin dejar de contemplar a los «ñoquis» que no trabajan o que son prestanombres y ni siquiera cobran lo que se les liquida.
La economía clandestina es el mal más grave contra las reglas sanas del mercado y una fuente inagotable de iniquidades e injusticias, si consideramos a las empresas, profesionales y trabajadores que están dentro de la ley pagando todas sus obligaciones, que, según estimaciones confiables, constituyen menos de la mitad de la actividad económica del país.
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