Un amparo presentado ante la Justicia el 9 de febrero busca trabar el canje de la deuda sobre el final de la operación. La presentación judicial generó un pedido del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°3, interinamente a cargo de Ernesto Marinelli, quien ordenó notificar al presidente Néstor Kirchner y al ministro de Economía, Roberto Lavagna, para que en un plazo de cinco días presenten todas las pruebas necesarias para refutar las consideraciones que se realizan en el escrito.
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Es la primera vez que se produce una acción de esta naturalezay también la primera vez que el Poder Ejecutivo deberá contestar sobre el canje, que de acuerdo con la presentación debe ser declarado inconstitucional. Quien está al frente de esta iniciativa es Alejandro Olmos Gaona, quien critica -con poco fundamento- la legitimidad de la deuda. Es decir que el pedido de amparo no lo hace un bonista afectado por la quita sino un sujeto que cuestione el endeudamiento per se.
La presentación, que difícilmente tenga efecto alguno sobre la transacción, señala que la deuda externa argentina «es actualmente materia de dos investigaciones que está llevando adelante la Justicia Federal penal».
Asimismo, a lo largo de un escrito de 124 páginas, se detalla que la reestructuración «supone el tácito desconocimiento de la existencia de las causas penales indicadas, alterándose del tal manera el orden jurídico y violándose claramente los preceptos constitucionales».
«Sólo sería admisible efectuar algún pago -aclara- luego de que la Justicia Federal se expida, estableciendo si existe deuda legítima a pagar, o si los pagos que se han hecho desde 1976 cubren con exceso los reclamos de los acreedores».
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