«Retención de depósitos por la fuerza» y funcionamiento de un país sin sistema financiero no figuran en los libros de Economía ni en la experiencia de ningún economista. Por eso es difícil encontrar soluciones serias. Más en un gobierno y en un Parlamento como los actuales, donde el grado de inteligencia es muy escaso. La única solución -legal al menos- para evitar los «goteos» sería, ya lo explicó hace tiempo este diario, el estado de sitio que suspende las garantías constitucionales. Medida impensable en un gobierno populista que sólo conduce el país para su resguardo político personal. Además, la izquierda azuza rasgándose las vestiduras como si estado de sitio significara sólo evitar tumultos. Si quiere el populismo los podría permitir -en definitiva ahora lo hace- pero daría respaldo legal al serio problema financiero. Ayer trascendió para este diario el proyecto de decreto de lo que sería el nuevo «corralito». Vuelve los viejos títulos (BONTES, BOCON, etc.) a dólares y los reprograma. No serían opciones compulsivas sino voluntarias. O sea más cerca de la tesis Lavagna que de la de Blejer. Un acercamiento a la posición del Central dependerá del porcentual de las compras que se hagan con los bonos que puedan pasarse a cuenta corriente.
El plan para salir del «corralito» es más cercano a la postura inicial que mantuvo el Ministerio de Economía que a la del Banco Central. Estos son los puntos salientes del proyecto de decreto:
• Estos bonos a 10 años pagarán ocho cuotas de amortización anuales, equivalentes cada una a 12,50% del monto emitido, venciendo la primera de ellas el 3 de febrero de 2005. Devengará intereses a la tasa Libor.
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