El gobierno presentó ayer la apelación a la medida de no innovar decretada por la jueza Adriana Lucas de Tarrabella sobre el decreto de desregulación de obras sociales y solicitó la recusación de la jueza por incompetencia en la causa, por pertenecer la magistrada al fuero de la seguridad social y por prejuzgamiento. El escrito fue presentado por el Ministerio de Salud en el que cuatro organismos del gobierno unificaron personería. «La jueza incurrió en exceso de autoridad. Tomó competencia en un fuero que no es el suyo y tendrá que explicar ahora, en el Consejo de la Magistratura, por qué se expide en un tema de presunta inconstitucionalidad», dijo ayer Héctor Lombardo.
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El escrito fue presentado a las 11 en el juzgado de Lucas de Tarrabella y allí también se defendió la medida puesta en práctica por el gobierno, mediante un decreto de necesidad y urgencia. En este punto la defensa fue explicada por el gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de la Salud, Carlos Amestoy: «Esta medida responde a la necesidad de reclamar por el amparo que interpuso la jueza Tarrabella al decreto presidencial que paralizó la libre competencia entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, que había entrado en vigencia el 1 de enero. Hay cuatro organismos gubernamentales -la Procuración General del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos y los ministerios de Trabajo y de Saludque unificaron su personería jurídica en Lombardo para apelar la medida dictada por la jueza», dijo.
El escrito fue firmado por el procurador general del Tesoro, Ernesto Marcer, y por la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Viviana Bonpland: «Presentamos el escrito ante el mismo juzgado de la seguridad social al que pertenece la jueza. En el mismo planteamos la incompetencia de ese juzgado para actuar. Nosotros creemos que, en todo caso, debería hacerse cargo un juzgado del fuero contencioso administrativo y así lo expusimos», explicó Amestoy.
El abogado dijo que en la presentación también «se recusó a la jueza por entender que incurrió en prejuzgamiento» al dictar la medida cautelar contra el decreto presidencial: «No correspondía hacer lugar al planteo de las dos CGT. El Poder Ejecutivo tiene las facultades para dictar decretos y en este caso estaba bien fundamentado que existía una situación de necesidad y urgencia», dijo el funcionario.
«La jueza, una vez que lea todo el escrito, tendrá que eximirse de seguir actuando en la causa y deberá elevar todo a la Cámara que es la que deberá determinar qué juez la reemplaza», explicó Amestoy.
Medida cautelar
El jueves último, Lucas de Tarrabella, del fuero de la Seguridad Social, dictó una medida cautelar que frenó la iniciativa del Estado para permitir la libre competencia entre las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga, que había entrado en vigencia el lunes 1 de enero. El planteo fue realizado por 43 obras sociales pero finalmente la suspensión de la norma abarcó solamente a 14 prestatarias sindicales de servicios de salud.
«Es insignificante el número de prestatarias que se oponen a la desregulación. Son sólo 14 prestatarias.
Además, ya hemos mantenido conversaciones con todos ellos y están dispuestos al diálogo y a cambiar su posición porque se han dado cuenta de que la obra social que manejan no tiene destino y que si no se produce un cambio del sistema esto se va al caos», protestó ayer el ministro de Salud.
