Apoyan medidas para atraer más capitales
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«En países con mercados de capitales desarrollados donde el accionariado está muy atomizado, esta normativa tiene el objetivo de proteger a los accionistas de los ejecutivos que manejan las empresas obligándolos a rendir cuentas de sus acciones; mientras que en países donde hay accionistas de control con poca dispersión del capital accionario en el público, como ocurre en la Argentina, tiene la virtud de proteger a los minoritarios de posibles abusos de los accionistas controlantes», explicó por su parte Máximo Bomchil, de M&M Bomchil.
Insuficiente
Además de legislar sobre el capital accionario, la nueva norma alcanza a otros valores susceptibles de oferta pública, como las obligaciones negociables, partes en fondos comunes de inversión, títulos de deuda y certificados de participación en fideicomisos securitizados.
En este contexto, todos los consultados coincidieron en afirmar que para desarrollar el mercado de capitales argentino normas como el Decreto 667 son «condición necesaria, pero no suficiente».
Edgar Jelonche, director general de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, consideró que además son necesarias «disposiciones fiscales que otorguen incentivos para la inversión del ahorro en el país, el retorno de los capitales, que no se exporte el mercado y las empresas tengan suficientes incentivos para ofrecer sus acciones».
Cárdenas, por su parte, propuso estudiar si «este régimen, que no representa demasiadas dificultades para las grandes compañías, no debiese incluir alguna flexibilidad para las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, la exigencia de directores independientes para PyMEs, que tal vez pueda ser un obstáculo para que estas empresas accedan al mercado de capitales».
Los cuatro especialistas disertaron el 4 de setiembre en un seminario organizado por KPGM bajo el lema: «El gobierno corporativo en los tiempos de la transparencia».



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