Los bloques peronistas del Senado y Diputados decidieron ayer no aceptar ninguna modificación al proyecto de salvataje de deudas hipotecarias enviadas por el gobierno y se disponen a convertirlo hoy en ley comenzando por la sanción del Senado y luego, de forma inmediata, en Diputados. El proyecto alcanzará así a las deudas contraídas para compra de vivienda única, cuyos créditos no superen los $ 100.000 y que hayan entrado en mora a partir del 1 de enero de 2001.
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Por lo pronto, el justicialismo tiene asegurada la sanción en el Senado dado que el radicalismo se comprometió a colaborar para conformar los dos tercios que permitan habilitar el tratamiento del dictamen sobre tablas, aun cuando mantiene discrepancias con el proyecto del oficialismo por considerar que la norma no cubre a la mayoría de los endeudados.
El propio presidente del bloque radical, Carlos Maestro, anunció hoy que el radicalismo mantendrá su compromiso de dar «mañana los dos tercios» para votar el proyecto que significa «una solución para mucha gente, aunque no abarque a todos las personas que nosotros quisiéramos».
El justicialismo y el radicalismo mantienen sus diferencias sobre el proyecto del Ejecutivo, porque el PJ no aceptó introducir cambios en la propuesta diseñada por el gobierno nacional para no incrementar el costo fiscal que ya provocará el salvataje de las deudas hipotecarias en mora.
• Mecanismo
El presidente del bloque justicialista, Miguel Pichetto, confirmó que el oficialismo respetará el texto elaborado por el gobierno y «no aceptará cambios» que impliquen un aumento del costo fiscal de esta medida porque «esto es lo que puede hacer hoy» el Poder Ejecutivo.
De este modo, el proyecto contemplará el salvataje de deudores hipotecarios que hayan requerido un crédito menor a $ 100.000 para comprar, ampliar o refaccionar una vivienda única de uso familiar y hayan entrado en mora del 1 de enero de 2001 hasta setiembre de 2003.
El mecanismo de refinanciación hipotecaria será solventado por un fondo especial que se creará para tal fin y el cual comprará la cartera de morosos, quienes deberán saldar sus deudas a tasas fijas y en pesos, en base a los ingresos de los deudores. La puntana Liliana Allegre de Alonso, en contra de la opinión de los radicales, defendió la fecha establecida entre enero de 2001 y setiembre de 2003 porque «comprende a 75 por ciento de los deudores con viviendas en situación de remate».
Además rechazó que esta ley pueda ser declarada inconstitucional por ser compulsiva para los acreedores privados y no para los bancos «porque estamos legislando en base a la emergencia que vive la Argentina».
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