Por demorar el acuerdo con los acreedores, la Argentina deberá asumir un costo adicional de u$s 3.500 millones. Es sólo por la suba de un punto que tuvo la tasa de interés en los Estados Unidos en los últimos 30 días. Son cerca de u$s 600 millones la carga que cada año se suma, siempre, claro, que se piense alcanzar restablecer algún día las relaciones con inversores. Desde el equipo económico, ahora a fines de setiembre sólo esperan «delinear», en el marco de la Asamblea Anual del FMI en Emiratos Arabes Unidos, la propuesta a acreedores. En el mejor escenario, en junio de 2004 podría estar cerrado el proceso. En el ínterin, el país pierde inversiones, que es precisamente lo que mantiene altos el desempleo y la pobreza. De seguir, además, subiendo la tasa en los EE.UU., compromete más los presupuestos de los próximos gobiernos. Pero Roberto Lavagna ve entre los acreedores -hay entre ellos 500.000 ahorristas argentinos- «conspiradores» que atentan contra su continuidad en el Palacio de Hacienda, según declaraciones efectuadas anoche.
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El monto de la pérdida para el país surge de tomar estimaciones conservadores de lo que será el proceso de renegociar la deuda. Considerando que la Argentina tiene u$s 60.000 millones para reestructurar, son cerca de 600 millones de dólares cada año los que deberán sumarse ahora al pago de intereses (suponiendo que se refinancia en promedio a 20 años, el valor presente de pagar ese monto a tasas muy conservadoras da u$s 3.500 millones. Algunos analistas lo duplican incluso).
Pero, al mismo tiempo, tras 14 meses de gestión en el Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna poco pudo -o quisoavanzar sobre el tema. El ministro incluso ve en los acreedores una fuente de conspiración -entre otras visionescontra su continuidad en el Palacio de Hacienda. «Cada vez que salgo al exterior, surgen operaciones del poder financiero», basándose en que, en el exterior, buscan que la deuda con el FMI y Banco Mundial y hasta los BODEN se incluyan en el paquete a renegociar. La realidad es que sólo algunos acreedores lo solicitan y nadie cree que la Argentina extienda la quita a organismos y BODEN. Incluso, el ministro considera que se trata de deuda generada en la «década el '90", como si se tratara de una herejía o de un virus.
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