La Cámara de Diputados impulsó ayer la sanción de una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para establecer un explícito marco de interpretación de esta norma en beneficio de los trabajadores y, claro, en contra de los empleadores.
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Se trata de otra iniciativa del diputado Héctor Recalde que apunta a modificar al artículo 9 de la LCT. Se pretende que la cláusula conocida como «in dubio pro operaris» quede expresamente incluida en el texto legal: es decir, que cada vez que haya una duda sobre si alguna disposición de la LCT beneficia al empleador o al trabajador, el juez deberá fallar en beneficio del operario.
Se trata en realidad de un principio general del derecho penal («in dubio pro reo»: en caso de duda la ley debe ser interpretada en favor del acusado) que ahora se aplicará también en la órbita del derecho laboral.
Recalde, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, explicó ayer a este diario que se trata de una cláusula que se derogó durante la última dictadura militar y que ahora busca recuperar su vigencia. «Si hay dos testigos que declaran en favor del trabajador y otros dos que lo hacen en beneficio del empleador, entonces ante la duda el juez deberá fallar a favor de la parte más débil, es decir, del operario», explicó ayer el diputado kirchnerista a este diario.
El in dubio pro operaris ya se venía aplicando de hecho en la jurisprudencia argentina, pero ahora quedará explícitamente incorporado al sistema legal vigente, generando una mayor desprotección a las empresas que quedarán expuestas a sentencias contrarias de los jueces cada vez que exista duda en un juicio.
