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Hoy el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el de la Electricidad (ENRE) pedirán al ministro de Economía, Roberto Lavagna, la derogación de la Resolución 38 del Palacio de Hacienda que obliga a los organismos de control a «abstenerse» de cualquier decisión que afecte a las tarifas.
El gobierno decidió seguir este camino por varias razones:
• Hay una presión del Fondo Monetario para empezar a ajustar las tarifas de los servicios públicos.
• Existe un convencimiento en el gobierno de que puede haber problemas con el suministro de luz en el verano y con la seguridad en las redes de gas, por problemas de caja de las empresas, por lo cual debería haber un aumento de tarifas antes de fin de año.
• Sería muy lento el camino de seguir la vía judicial apelando la decisión de la Justicia de primera instancia que ordenó suspender las audiencias que se habían convocado en setiembre para luz, gas, agua, teléfonos y peajes.
• Se cree que hay argumentos legales para fundamentar las nuevas audiencias porque la Ley de Emergencia Econó-mica no derogó las leyes de marco regulatorio de luz y gas, y por lo tanto, éstas siguen vigentes.
En este último sentido, la ley de emergencia pesificó las tarifas y prohibió los ajustes por índices de otros países o por precios internos, a la vez que estableció la renegociación de los contratos de concesión.
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