Avaló Banco Mundial las polémicas papeleras

Tabaré Vázquez

Washington (AFP, EFE, ANSA) - La Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) consideró, en un informe preliminar dado a conocer ayer, que los proyectos de dos papeleras en Uruguay cumplen sus requisitos técnicos ambientales y abrió un proceso de consultas antes de determinar si financia los proyectos.

«Desde una perspectiva técnica, en términos de emisiones de las plantas, hemos dicho claramente en nuestro estudio que el análisis que hemos hecho demuestra que las fábricas cumplen nuestros requisitos de mejores prácticas», declaró a la prensa Bill Bulmer, director adjunto del Departamento Medioambiental y Social de la CFI. Pese a llegar a esa conclusión en su estudio preliminar sobre el impacto acumulativo ambiental de las dos fábricas -que suponen una inversión de 1.860 millones de dólares y que cuentan con la oposición de la vecina Argentina-, la Corporación no tomará ninguna decisión antes de la conclusión de un proceso de consultas de 60 días como mínimo.

«Estamos comprometidos con la financiación de proyectos que cumplen nuestras normas», afirmó Dimitris Tsitsiragos, director del Departamento de Fabricación Global de la CFI. «Pero también estamos comprometidos con las comunidades impactadas por nuestros proyectos», agregó.

«Queremos un análisis completo y un diálogo abierto con relación al impacto combinado de los molinos de pulpa», explicó Tsitsiragos, que no quiso fijar un plazo para que la CFI tome una decisión y reiteró varias veces que el informe sólo señala «hechos» y no recomendaciones.

«Esperamos lograr un alto nivel de participación de las comunidades locales, de forma que podamos asegurarnos de que existe una clara comprensión de los impactos ambientales y sociales de estos molinos», añadió. El conflicto por las papeleras generó malestar entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez.

• Impacto

Entre las cuestiones analizadas por los autores del informe, la que más afecta a la Argentina es el posible impacto de las papeleras sobre el turismo en la región de Gualeguaychú, en la otra orilla del río Uruguay y cercana a las futuras plantas, explicó Bulmer. El informe preliminar de la CFI, no obstante, subrayó que «los impactos sobre el aire y el agua sobre el turismo serán limitados», mientras «el impacto visual en áreas turísticas será bajo».

El documento aseguró que «las emisiones de aire de las plantas, sea para materia particulada, óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre, cumplirán las normas del grupo del BM». Además, «las descargas al río Uruguay no serán detectables a corta distancia y no afectarán la vida acuática o el uso recreativo del río», explicó la CFI.

Con todo, los expertos que elaboraron el estudio no descartaron que los visitantes decidan no acudir a estas zonas tras la construcción de las plantas sobre la base de sus preferencias personales, según Bulmer, por lo cual el informe no ofrece una conclusión clara en este aspecto.

Paradójicamente, el estudio expresó sus mayores reservas sobre lo que puede ocurrir del lado uruguayo, donde «los requisitos de trabajo combinado con las dos plantas durante la construcción podrían alcanzar un pico de más de 7.000 obreros, produciendo un influjo de trabajadores». «Esta demanda de trabajo aumentará el empleo, principalmente en Uruguay, pero también la demanda de vivienda y servicios públicos como salud, seguridad pública, educación y transporte», detalló.

Por otra parte, «los dos caminos que conducen a las plantas tendrán un aumento marcado de los niveles de tráfico», subrayó.

El proceso de consultas sobre el documento permitirá conocer la opinión de los gobiernos, de los accionistas y de la comunidad local. Hasta enero, la Argentina y Uruguay deberán designar un experto técnico, al que se sumará un tercero. Los tres tendrán un papel de asesores.

El plazo para que los ciudadanos u organizaciones presenten sus escritos al BM es el 17 de febrero y su validez será analizada hasta el 24 del mismo mes. Los comentarios recogidos serán incluidos en un informe final sobre el que se basará la CFI para determinar si somete o no el proyecto de financiamiento de las papeleras a su junta directora.