Las denuncias de Héctor Recalde comenzaron a surtir efectos ayer. En medio de una maratón de proyectos que votó la Cámara de Diputados, antes de enfrascarse en la sanción de la prórroga de impuestos y comenzar a debatir el Presupuesto 2008, se votaron dos de las leyes que integran el paquete de reformas laborales que el moyanismo impulsa en el Congreso y que complican a las empresas.
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Esta vez pasaron por el recinto el régimen que protege por un año a los testigos en juicios laborales, prohibiendo despidos o suspensiones y una nueva ley sobre pasantías laborales.
Los diputados aprobaron sin debate el proyecto que establece la protección a testigos laborales desde la fecha de ofrecimiento judicial de la prueba testimonial hasta un año después de producirse la declaración respectiva ante el juzgado interviniente.
Esa iniciativa lleva la firma de Miguel Bonasso, Araceli Méndez de Ferreira, Héctor Recalde y Francisco Gutiérrez. De acuerdo con el texto, la protección cesará para aquellos trabajadores cuya declaración no se hubiere producido, ya sea por decisión de la autoridad judicial, por desistimiento de la parte que lo hubiera ofrecido o por negligencia en la producción de la prueba.
En el caso que la « protección» sea violada por el empleador, se da derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación en su puesto más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.
«Los casos de despido dispuesto como represalia hacia el trabajador que, asumiendo una carga legal declara en un juicio laboral en contra de los intereses de la empresa accionada, merecen el mayor reproche por parte de la legislación», dice el proyecto.
En la misma sesión, los diputados aprobaron y giraron al Senado el proyecto de creación de un nuevo Sistema de Pasantías en empresasque limita a 20 horas semanales la jornada laboral de los estudiantes y fija un plazo de un año, renovable sólo por 180 días más, para ese tipo de contratos.
El proyecto establece que el nuevo régimen de pasantías se mantendrá bajo la supervisión del Ministerio de Educación, quien deberá controlar la situación de los estudiantes.
Extensión
Los pasantes podrán firmar contratos de un mínimo de dos meses y un máximo de doce, con la posibilidad de extenderlo por 180 días más, con la previa firma de otro acuerdo laboral entre las partes.
«El objetivo principal del proyecto es corregir la grave distorsión que ha tenido el régimen de pasantías durante la última década, cuyo propósito inicial fue perfeccionar los estudios de adultos mayores de 18 años», dijo Blanca Osuna en el recinto. La idea, explicó la diputada entrerriana, es darles un «carácter específico a las tareas que realicen los estudiantes, corregir la falta de supervisión de los pasantes y la falta de control de parte del Estado ante las denuncias sobre irregularidades». El problema para las empresas puede ser que la excesiva reglamentación y las limitaciones e inspecciones terminen no sólo desincentivando esos primeros trabajos, sino también expulsando de las empresas a los que ya se encuentran bajo contrato.
Además, el proyecto fija que las empresas deberán «designarles un tutor» y, en el caso de una posterior efectivización, «no podrán hacer uso del período de prueba impuesto en el contrato de trabajo» que rige en todo el país.
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