Comenzará hoy el tratamiento del proyecto que le otorgará a Roberto Lavagna el poder de decidir sanciones con su sola firma a empresas acusadas de cartelizar precios. Es un cambio peligroso en la legislación sobre defensa de la competencia. Hasta ahora, ese organismo decidía sobre fusiones de empresas y compras. No fue nunca efectivo el control sobre monopolios y oligopolios en el país. Se facilitó así que, como básicamente en todo país emergente, se constituyeran grupos monopólicos, sobre todo cuando la falta de inversión no permite que aparezcan competidores. De esa realidad se pasará ahora a que un solo funcionario decida sobre un mal empresarial como es el de pactar precios. Ya se está investigando, por ejemplo, a las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).
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La facultad que quedará ahora en manos de Roberto Lavagna es, ni más ni menos, la de poder dejar de lado las decisiones de la Comisión de Defensa de la Competencia y del Tribunal una vez que éste se encuentre constituido (lo que lleva años de demora). Se refiere a la autorización para la fusión de empresas que deriven en procesos de supuesta o real concentración económica o simplemente cuando la Comisión analice denuncias por cartelización o manejo oligopólico o monopólico de empresas.
Existen ejemplos recientes de la vocación política del gobierno en el manejo de este tipo de sanciones. La Comisión de Defensa de la Competencia milagrosamente emitió sanciones denunciando un «cartel» en los proveedores de oxígeno a centros médicos con una multa general de $ 15 millones y luego contra las cinco empresas cementeras más grandes del país, en este caso sancionándolas con $ 310 millones de multa que luego fueron rápidamente ratificadas por la Justicia. Este proceso derivó de una investigación por denuncias de prácticas de fijación de precios en el mercado del cemento que abarcaron un períodoterminado en 1999 y no por prácticas actuales, pero el impacto del control del gobierno sobre las empresas se sintió inmediatamente en el mercado.
Quizás por eso, al ver la dimensión de semejante herramienta de sanción, fue que el gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de ley modificando normas sobre defensa de la Competencia y otorgando un manejo más «dinámico y político» de las decisiones, concentrándolas en una sola mano.
En un país como la Argentina que, como casi todos los emergentes, tiene su estructura económica poblada de monopolios, oligopolios, públicos y privados, en muchos casos como consecuencia de la falta de capitales que posibiliten la competencia, se habilitará por vía de otorgar más poderes al Poder Ejecutivo, un remedio que puede ser tal malo o aún peor que estos males endémicos. Así, un solo funcionario determinará si existe monopolio, cartelización o abuso de la posición dominante de una empresa o un grupo.
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