El paso del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, por Buenos Aires, terminó generando una onda de expectativas en las grandes compañías endeudadas en dólares, sobre todo en las que se nuclean en la Asociación Empresaria Argentina. Las idas y vueltas en torno al fideicomiso para solventar esos pasivos sin llegar a la quiebra encontró un principio de realización en las conversaciones con Iglesias y en las gestiones que se vienen llevando adelante con el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (entidad subsidiaria del Banco que se aboca al financiamiento privado). Iglesias y James Wolfensohn dieron ya un principio de acuerdo para que se capitalice ese fideicomiso con fondos del financiamiento internacional que se desembolsarían progresivamente hasta una suma de u$s 500 millones.
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Los primeros arquitectos de esta «solución» fueron dos sigilosos expertos en financiamiento y reestructuración de deudas de AEA, que tuvieron un protagonismo importante en la edición anterior de este nucleamiento, el Consejo Empresario Argentino. Ellos son Enrique Ruete (ex HSBC-Banco Roberts y miembro del Business Advisory Council de la CFI) y Alberto Grimoldi (socio de Manuel Solanet, negociador de la deuda de La Nación SA). También Héctor Magnetto (del monopolio «Clarín») interviene activamente en las negociaciones.
Por las entidades que capitalizarían el fondo participan las autoridades del máximo nivel pero también los representantes locales: Alex von Trotsenburg del Banco Mundial y Jorge Elena por el BID, otro uruguayo del círculo más cercano del titular de la entidad, Iglesias. Sin embargo, en AEA todavía no se pudieron poner de acuerdo en la figura del negociador que debe representar a los deudores.
La iniciativa en discusión reemplaza a aquella otra ingeniería pensada para salvar de la bancarrota a empresas periodísticas (o de alcance «cultural»), en especial a «Clarín», por la cual se les exigía a las compañías petroleras aportar a un fondo con la liquidación de las divisas procedentes de sus exportaciones. Ahora, el listado de beneficiarios se amplió, igual que la fuente de financiamiento. Los recursos no deben tener garantía del Estado pero el gobierno deberá avalar esa capitalización como políticamente relevante para la economía del país.
Hay otro aspecto de la operación que roza al sector público. Como cada país tiene un cupo de crédito asignado, la Argentina deberá resignar algunos ingresos del financiamiento internacional, que se distraerán en el fideicomiso. Ya hoy el Estado es muy dependiente de las partidas que desembolsan esos bancos multilaterales, tanto que 45% del gasto en acción social proviene de esa fuente, igual que 70% del gasto en tecnología y 30% del gasto en educación. En otras palabras: el Estado no servirá de garante ni correrá riesgo con este préstamo de u$s 500 millones, pero perderá capacidad de endeudamiento.
Finalmente, de un modo u otro, el sistema financiero que prestó a las compañías que no puede cobrar las deudas de estas empresas argentinas virtualmente quebradas seguirá afectado: el Banco Mundial y el BID emiten títulos que colocan entre inversores institucionales, con bajo riesgo y, por lo tanto, baja tasa.
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